El Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha decidido este lunes suspender la orden de detención y entrega al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sine die, a la espera de que los tribunales europeos se pronuncien sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por el juez del Supremo Pablo Llarena.
Fuentes de la defensa han explicado a Europa Press que los "reconocen que (el expresidente) mantiene la inmunidad en todos los estados de la UE mientras continúa el procedimiento prejudicial".
Así, podrá seguir moviéndose libremente por la Unión Europea, con la excepción de España, si bien suma un país más con un procedimiento abierto sobre la orden de extradición contra su persona.
Para cerrar la decisión que los magistrados italianos debían tomar este lunes, deben resolverse antes la demanda de fondo de inmunidad ante el Tribunal General de la UE, y la pregunta prejudicial sobre euroórdenes realizada por Llarena al TJUE.
Puigdemont ha declarado este lunes durante unas dos horas ante el tribunal italiano, que le citó para decidir sobre su extradición después de su detención y puesta en libertad el fin de semana pasado para que pudiera cumplir con sus obligaciones como europarlamentario, en espera de la vista que se ha celebrado hoy.
En la vista, la Fiscalía General de Sassari ha pedido al Tribunal la suspensión del procedimiento hasta que la Justicia europea se pronuncie sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado de Puigdemont, según informan medios locales.
Por su parte, Llarena ha remitido al Tribunal de Sassari una providencia en la que le comunica que las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo español contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí –que han acompañado a Puigdemont este lunes a la isla italiana- siguen vigentes, al igual que la dictada contra Carles Puigdemont y, por tanto, deben ser detenidos, pero este extremo no se ha producido.
Llarena, como ya hizo la semana pasada en relación a Puigdemont, explica en su escrito al tribunal de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, que las órdenes de extradición y entrega relativas a estos encausados están contenidas en misma comunicada el 30 de septiembre de 2021 respecto de Carles Puigdemont.
La comunicación se ha realizado a la vista de que el artículo 9.1 de la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, recoge que "cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea", pero tiene presente al tiempo que la noticia no ha podido ser confirmada por la autoridad judicial española, informa Servimedia.
El instructor de la causa del procés envió la pasada semana un oficio al Tribunal de Apelación de Sassari en el que insistía en reclamar la entrega de Puigdemont con el argumento de que la Orden Europea de Detención y Entrega librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont sigue vigente aún estando pendiente la resolución de la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, sostiene que su detención es ilegal porque esa euroorden está suspendida en tanto no haya una decisión del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario. De hecho, la defensa de Puigdemont presentó el pasado viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso en el que solicita que se le reponga la inmunidad parlamentaria.
