Barcelona es la ciudad española con los disturbios más graves y prolongados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel el martes pasado, y la factura después de seis noches de protestas -de martes a domingo- supera los 1,76 millones de euros entre daños a bienes públicos y privados.
Pero en la última semana también se han registrado altercados en otras ciudades catalanas y de resto de España, como Lleida -con daños por 67.000 euros la noche del martes-, Girona, Madrid, Bilbao, Valencia, Granada y Pamplona, y los costes vinculados a estos destrozos que no cubran los seguros tradicionales serán asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Esta cobertura se inscribe en el epígrafe de tumulto popular, dentro del apartado de riesgos extraordinarios, y pueden solicitar compensación quienes tengan asegurado el bien dañado, incluyendo vehículos -en la ciudad de Barcelona numerosas motos que estaban aparcadas en la calle han sido incendiadas en distintas noches-.
El Ayuntamiento de Barcelona calcula que los daños para el consistorio superan el millón de euros, y solo el sábado, los comerciantes del Paseo de Gracia cifraron en 750.000 euros los daños por el ataque a 75 establecimientos, con más de 100 cristales de escaparates rotos y 12 locales saqueados. Asimismo, los daños en la fachada del Palau de la Música el fin de semana se estiman en 14.000 euros.
El Consorcio de Compensación de Seguros ya abonó 7,53 millones de euros por los disturbios que se registraron durante días en Cataluña en octubre de 2019, tras conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O.
Demanda
Societat Civil Catalana anunció ayer que contactará con los sectores económicos afectados por el vandalismo en Barcelona para coordinar una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Govern de la Generalitat por su "negligencia" ante el encadenamiento de noches de disturbios.
El vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès, rompió ayer su silencio para condenar los actos violentos y defender a los cuerpos policiales. Argumentó que los saqueos de comercios, quema de mobiliario público y ataques a la policía no son libertad de expresión ni de manifestación.
