Barcelona
El consejero legal de Creditreform en España, Jacinto Soler Padró, analiza el contexto en el que se desarrolla la actividad de las agencias de rating europeas, como la que él representa, que quieren hacerse un hueco en este competitivo segmento, pero que chocan con el oligopolio de las grandes consultoras anglosajonas.
Creditreform acaba de revisar el rating sobre el Reino de España de estable a negativo, por la caída de la economía española a consecuencia de la pandemia, el incremento del paro, la situación de la deuda pública, las debilidades en el crédito y la fragilidad del Gobierno.
¿Qué recomendaciones lanza al Gobierno de España?
Creditreform considera necesarias reformas que corrijan las deficiencias estructurales como el mercado laboral y la baja productividad. Además, el repunte del PIB en 2021 será incierto y debe verse cómo la industria y el turismo se adaptan al consumidor. Los analistas de la agencia evidencian que el impacto de la pandemia ha empeorado una situación que ya no era buena, y además sectores centrales del PIB se han desplomado, en un contexto de alto endeudamiento. Ahora lo fundamental es dar un buen destino a las ayudas que lleguen de Europa, para reactivar la economía.
¿Qué diría a quienes no den validez al 'rating' de Creditreform?
Que cumple con todos los requisitos de solvencia. Aunque se trate de una agencia, como hay otras muchas, que no tiene la homologación del Banco Central Europeo (BCE), todas las agencias deben cumplir unas normas y requisitos legales que les otorgan validez y solvencia.
¿Cuándo se constituye Creditreform?
Creditreform es una suma de decenas de agencias de información económica sobre solvencias, centrada en empresas y particulares que, con los años, ha derivado en los informes de rating. A diferencia con otras alemanas, como Scope, Creditreform tiene casi 150 años de historia -se fundó en Mainz en 1879-, y ha alcanzado una facturación de unos 800 millones de euros, y en la actualidad trabaja en 23 países de Europa y en China, y ocupa a unos 4.500 empleados. Pero Alemania ha sido una economía básicamente industrial, que históricamente se ha preocupado poco del mundo financiero -no lo hizo hasta hace unos 20 años- y ello también ha repercutido en su reconocimiento en algunos ambientes financieros, aunque finalmente pudo revertir la situación, porque es una gran potencia y tiene mucho sentido que tenga destacadas firmas de rating.
¿Entonces, cómo explica que agencias solventes como éstas no se homologuen?
En el fondo, el problema es que la Unión Europea (UE) tiene aún una asignatura pendiente: debería actuar para romper el oligopolio de las agencias de rating anglosajonas. Es a las únicas a las que favorece.
¿Por qué cree que no lo hace?
Creo que es un problema político, como otros muchos que hay en la UE y que mantienen paralizadas decisiones importantes. Habría que romper el oligopolio, pero no para generar más riesgo de solvencia, sino para ir avanzando progresivamente en la libre competencia, manteniendo un nivel de seguridad incuestionable. De lo contrario, las agencias de rating europeas de mediana y pequeña dimensión que no están homologadas por el BCE corren el riesgo de desaparecer.
¿Cuál es el problema?
Que el Banco Central Europeo actúe de frontera para estas consultoras es incomprensible, pero lo es aún más que la Comisión Europea no proceda a solucionarlo. En el fondo, lo que está haciendo la Unión Europea es establecer una elevada discriminación en perjuicio de las agencias de rating europeas, para favorecer a las corporaciones anglosajonas. De tal manera que, hasta ahora, el BCE solo tiene homologadas a las tres grandes agencias internacionales Fitch, Moody's y Standard & Poor's y ha añadido a una canadiense, DBRS Morningstar.
Desde 2018, DBRS es la única agencia que España paga por sus informes de calificación de la deuda soberana y también lo es para la Generalitat de Cataluña.
En 2012, en un contexto de recesión, la economía española pasaba por una delicada situación y DBRS se ofreció a realizar las calificaciones. Fue entonces cuando, al parecer, el Banco de España influenció para que el BCE homologara la agencia canadiense y que pudiera calificar la deuda soberana del Estado Español. Y, detrás, vino también la Generalitat de Cataluña. No sé si el Banco Central Europeo no se arrepiente, en cierta medida, de haber tomado esa decisión.
¿Qué papel resta, pues, a las consultoras europeas?
Hasta que no consigan su homologación, las agencias de rating europeas quedan condenadas a realizar calificaciones de compañías de poco valor -por ejemplo, de los segundos mercados bursátiles o de los Estados europeos, pero sin que su trabajo tenga un reconocimiento-. Y nadie tiene en cuenta que, de hecho, con sus informes económicos están asumiendo más riesgos que los que contraen las grandes agencias versus corporaciones empresariales y financieras de gran tamaño.
¿Hay alguna solución?
Para ciertos supuestos, existe un reglamento de la propia UE que aconseja que sean dos agencias las que emitan sus calificaciones, una de las cuales debe corresponder a una agencia pequeña, para equilibrar los posibles riesgos de solvencias, si es que los pudiera haber, y reafirmar la independencia de las calificaciones. Pero esta norma nunca se cumple. Por lo tanto, hay una situación de oligopolio reconocida implícitamente, pero la Comisión no hace nada para romper una situación que está vulnerando los principios de la libre competencia. De hecho, hace año y medio que presentamos una denuncia por esta vulneración y estamos a la espera de una resolución.