Barcelona
La guerra abierta entre las patronales Foment del Treball y Pimec y las Cámaras de Comercio catalanas, desde que las lidera el empresario Joan Canadell, se ha acrecentado. La probable aprobación este martes por el Govern de Quim Torra de un proyecto de decreto ley que otorgará a las cámaras representación y participación institucional en la definición de las políticas públicas ha unido a las patronales y los sindicatos CCOO y UGT, porque consideran que la norma dará atribuciones que son competencia de los agentes sociales.
Patronales y sindicatos argumentan que el decreto "amenaza la propia esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Cataluña y que, en ningún caso, no se justifica su carácter de urgencia". En caso de que obtenga hoy luz verde del Ejecutivo, el decreto debería ser convalidado por el Parlament donde no está claro que consiguiera los apoyos necesarios.
La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ya adelantó el pasado fin de semana a través de Twitter que llevarán el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries y recordó que la Constitución Española y el Estatuto catalán dotan de representatividad a los agentes sociales. Las Cámaras, por su parte, son entidades de derecho público consultivas.
Un informe jurídico, elaborado por el abogado Manuel Silva, expone que la nueva norma es contraria al artículo 64.1 del Estatut d'Autonomia; vulnera temas en materia presupuestaria e infringe también el artículo 45,5 al no excluir a la cámaras de intervenir en aspectos como el diálogo social, la concertación, la negociación colectiva y la resolución extrajudicial de conflictos laborales, como el Tribunal Laboral de Cataluña.
Actualmente, las cámaras además de su función consultiva, se ocupan del fomento de la internacionalización e innovación de las pymes, entre otros aspectos.
La decisión del presidente Torra de modificar las funciones camerales lleva meses arrastrándose. Se planteó inicialmente a través de la reforma de la Ley de Cámaras catalanas, cuyo borrador va en la misma línea que el decreto, pero que quedó paralizado por la pandemia, aunque no se ha descartado.
Es justamente la crisis económica generada por el coronavirus a lo que se aferra ahora el líder catalán para acelerar el proceso y dotar, como ya anunció hace unas semanas, con 2,5 millones de euros para 2020 a las 13 Cámaras de Comercio catalanas, cuyo consejo rector preside Joan Canadell.
El que es presidente del Consell de Cambres y de la Cámara de Comercio de Barcelona argumentó recientemente que las patronales ya reciben fondos estatales y que en la actualidad los entes camerales con menos implantación necesitan fondos para atender a las necesidades de las empresas en crisis.
El texto del decreto señala que es "absolutamente necesario" dotar a las cámaras "de los instrumentos de financiación pública necesarios para potenciar su indiscutible papel con una financiación estable" y que se fijará por la vía de los presupuestos de la Generalitat, acogiéndose a que en 2010 se retiró la obligatoriedad de empresas y autónomos de pagar la cuota cameral que era la principal fuente de financiación de estas instituciones.
Dos décadas para el 50%-50%
La representatividad patronal no ha sido una balsa de aceite en Cataluña. En las dos últimas décadas, el presidente de Pimec, Josep González, lideró su cruzada personal para que la organización equiparara su peso con 'Foment del Treball' en las instituciones catalanas. El acuerdo -a 10 años- llegó en marzo de 2019, con José Sánchez Llibre al frente de 'Foment': tendrían una representación institucional paritaria. En otros ámbitos, como el económico, el reparto se ajustaría progresivamente hasta un 55% para 'Foment' y un 45% para Pimec.
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