El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este miércoles el anteproyecto de ley de Facilitación de la Actividad Económica con el objetivo de impulsar la actividad económica a través de la relación entre las administraciones catalanas y las empresas de la región.
El ejecutivo catalán reivindica que se trata de una normativa pionera en Europa y que pretende incentivar la implantación de proyectos empresariales estratégicos.
Según el Govern, la regulación beneficiará a 540.000 empresas y 362.000 autónomos, es decir, el 89% de las empresas y el 91% de los autónomos. Asimismo, supondrá un ahorro de 38,4 millones de euros anuales para los agentes empresariales beneficiados.
Los beneficios se darán gracias a las medidas que prevé el texto, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, para reducir las cargas burocráticas, minimizando la intervención administrativa.
También ofrece servicios proactivos a la empresa, basados en la gestión y el análisis de sus datos, y un modelo de relación entre la empresa y las administraciones basado en la confianza, la relación digital por defecto, la aportación de datos una única vez, la eliminación de las cargas administrativas necesarias, la estandarización de los procedimientos, la celeridad en la tramitación y la transparencia.
El anteproyecto, que da continuidad a la Finestreta Única Empresarial (FUE), es fruto de un trabajo colaborativo del Govern, a través del Departamento de Empresa y Conocimiento con representantes de los diferentes agentes económicos implicados. En estos últimos dos años, el proyecto ha estado liderado por la Oficina de Gestión Empresarial (OGE).
Agilidad para nuevas inversiones
Por primera vez, se establece a nivel normativo la tramitación de urgencia de proyectos empresariales considerados estratégicos, con la voluntad de ofrecer una "autopista administrativa" que facilite la implantación de proyectos empresariales con valor añadido, lo que encaja especialmente con los sectores industrial y logístico, según la administración catalana.
Este valor añadido debe ser del ámbito tecnológico y de innovación, desarrollo y vertebración territorial, reindustrialización, generación de ocupación, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección medioambiental, promoción de la diversidad, inclusión social, igualdad, no discriminación y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad.
Asimismo, las administraciones pasaran de gestionar formularios a gestionar datos aplicando el principio Only Once que impulsan las directrices de la Unión Europea para integrar los tres niveles de administración: local, autonómico y estatal. Para ello se producirá una estandarización de los datos, un identificador único de establecimiento y la tramitación será unificada.
El anteproyecto también consolida la FUE como modelo de relación entre empresas y profesionales y la administración responsable para realizar todos los trámites necesarios para su actividad, que se realizará desde un punto único: el Canal Empresa.
Por otra parte, las administraciones podrán facilitar el pago electrónico de las tasas asociadas a los procedimientos relacionados con la actividad económica a través de sus sedes electrónicas y el Canal Empresa.
