La patronal Pimec está recibiendo un flujo continuo de consultas empresariales desde que este lunes habilitó un servicio específico de asesoramiento para la gestión laboral de las movilizaciones y paros convocados en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, según han indicado a elEconomista fuentes de la entidad.
Las preguntas más repetidas se refieren a la gestión de los retrasos del personal por problemas de movilidad a causa de las protestas.
El trabajador afectado se debe encargar de justificar su retraso, y si tiene explicación de fuerza mayor, como los cortes de transporte de las movilizaciones, el empresario puede solicitar que recupere el tiempo perdido, pero no sancionarlo.
¿Qué pasa con las huelgas?
Otra consulta recurrente se refiere a los paros que no forman parte de convocatorias de huelga oficialmente registradas. Es decir, los trabajadores tienen derecho a la huelga el viernes, 18 de octubre, porque se trata de un paro de 24 horas registrado ante Trabajo por los sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), aduciendo motivos laborales, aunque con claro trasfondo político.
Sin embargo, cualquier paro fuera de ese marco debe ser acordado entre el empresario y el trabajador. De hecho, los empresarios independentistas no pueden decidir cerrar su empresa el viernes de manera unilateral si tienen asalariados, ya que sus empleados tienen derecho a trabajar si lo desean, aunque haya convocada una huelga general.
En el caso de empresarios independentistas con trabajadores, solo podrían cerrar el negocio si lo pactan con sus empleados o si pueden justificar el cierre por una causa de riesgo para la empresa.
No se puede parar un rato
Asimismo, los trabajadores que decidan hacer huelga el viernes no pueden acogerse parcialmente, es decir, solo unas horas, por ejemplo, para acudir a la manifestación convocada por la tarde en Barcelona. El paro es de 24 horas, y por tanto afecta a toda la jornada laboral.
El comité ejecutivo de Pimec, reunido este martes, manifestó entender las movilizaciones que se están organizando contra una sentencia que consideran desproporcionada, pero "dando por sentado que no se perjudique la actividad económica y empresarial".
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