Cataluña

Torra atribuye sus planes de subir impuestos a "la deuda del Estado"

  • Incide en argumentos económicos para defender el independentismo
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. Luis Moreno

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que los planes del gobierno catalán de subir todavía más los impuestos en Cataluña se debe a "la deuda del Estado".

En su comparecencia en el debate de política general del Parlament, ha cifrado en más de 11.000 millones de euros la deuda pendiente, con partidas como 3.710 millones de la disposición adicional tercera del Estatut –para inversiones en infraestructuras equivalentes al peso de la autonomía en el PIB estatal-, 1.250 millones de financiación para los Mossos d'Esquadra entre 2013 y 2019, y 3.600 para financiar la Ley de Dependencia.

También ha reprobado que la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña acaba siendo muy inferior a lo presupuestado (del 65% entre 2015 y 2018), y que, en 10 años, el Estado "solo ha ejecutado el 10% de su plan de Cercanías" en Cataluña.

Torra ha asegurado que el Gobierno central somete a Cataluña a un "ahogo" económico y financiero y a un déficit fiscal de 16.000 millones de euros anuales producto de un modelo de financiación autonómica "injusto".

"Otras comunidades autónomas están anunciando rebajas de impuestos. Nosotros no podemos hacerlo. Mientras tengamos la deuda del Estado es imposible", ha aseverado.

Nueva ofensiva soberanista

"Nos debemos liberar de las cargas del Estado", ha defendido, en un discurso de defensa del independentismo en el que sus calificativos hacia el Gobierno central han sido de represor y de buscador de la confrontación, así como de causante de "agravios".

"Siempre querremos el diálogo, pero como no se sientan a la mesa, nosotros seguiremos adelante y no nos detendremos. Volveremos a ejercer todos los derechos que nos sean negados", ha sostenido, insistiendo en la celebración de un referéndum de autodeterminación y en el camino hacia la independencia en una nueva etapa en la que el soberanismo quiere tomar la iniciativa después de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.

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