Valladolid
El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León han coincidido este lunes en que es posible un acuerdo entre ambas administraciones que impida un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto autonómico al almacenamiento temporal de residuos nucleares de la central de Garoña.
Tras la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma, tanto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, han considerado que el hecho de que este asunto esté canalizado a través de la comisión de prevención de conflictos es una "buena señal", informa Ep.
El vicepresidente ha cuestionado la tesis del PSOE, que vaticinó que existiría un recurso de inconstitucionalidad, y ha considerado que la posición del Gobierno indica que no existe esa quiebra de la Constitución.
Batet ha destacado que hay abierto un procedimiento para buscar un acuerdo que sirva para impedir el recurso ante las dudas sobre la posible "doble imposición" en la que podría incurrir la norma aprobada por las Cortes de Castilla y León a finales de 2018.
Por otro lado, las dos administraciones acordaron avanzar en el Plan de Convergencia Interior y dotar a la Comunidad de un mayor peso en la representación de la Confederación Hidrológica del Duero (CHD), que es una reivindicación el Ejecutivo autonómico.
Para avanzar en el Plan de Convergencia, recogido en el Estatuto de Autonomía, se creará un grupo de trabajo que identificará las actuaciones y las zonas, si bien el vicepresidente de la Junta ha asegurado que la aprobación de las áreas funcionales estratégicas, en las que se tienen que decidir las inversiones para corregir desequilibrios, están "bloqueadas" por el Grupo Socialista.
La ministra ha subrayado que el Gobierno da "respuesta" a la demanda de la Junta de contar con más representación en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para lo que se va a modificar el Real-Decreto de 2011 para que la composición sea igual y con los mismos miembros del Estado que de la Comunidad, entre ocho o nueve por cada parte.
"Se va a iniciar de inmediato, se va a acelerar al máximo para dar una respuesta antes de que termine la legislatura", ha afirmado la ministra, mientras que el vicepresidente de la Junta ha recordado que el Tribunal Constitucional tumbó el artículo del Estatuto de Autonomía referido a la Cuenca del Duero y ha destacado que exista un mayor peso en la Comisión de Planificación Hidrológica.
