Valladolid
El Partido Socialista de Castilla y León ha presentado un recurso de reforma al auto del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid sobre la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del fallido polígono Portillo (Valladolid), para añadir el alquiler del palacete de Bruselas que albergó la "embajada" de la Comunidad ante la Unión Europea.
El secretario general y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín y Pedro González, respectivamente, presentaron hoy en el Registro de las Cortes de Castilla y León una petición de amparo a la presidenta del Legislativo, Silvia Clemente, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que da la razón al Grupo Socialista en su petición de amparo presentada en su día –y no concedida- ante la paralización de la comisión de investigación de la trama eólica y lo concerniente al polígono de Portillo, ubicado en la provincia de Valladolid.
Concretamente, y tras recibir la sentencia del TC, el Grupo Socialista formalizó este registro "porque no ha habido ningún movimiento" pasadas 48 horas, ni del Grupo Popular –que preside esta comisión de investigación-, ni de la Mesa ni de la propia presidenta, afirmó González.
Por otra parte, se entregó a la prensa el informe del Fiscal ante el Tribunal Constitucional que, a pesar de las dudas que intentó sembrar el PP, es "aún más duro" con los letrados de las Cortes y la presidenta que la propia sentencia.
De hecho, el informe expone que la negativa de la presidenta al amparo "comporta una motivación insuficiente y no adecuada al fin institucional que se pretendía" con una "interpretación no integrada y fraccionada de la lesión denunciada" y con una "justificación de la ausencia de fijación de plazo de convocatorias" que determina "una dilación ilimitada e imprevisible" con "afectación negativa al cumplimiento de la función para la que la Comisión fue creada (art. 49) lo que impide ejercer las funciones de la Comisión, con las facultades que tiene atribuidas (art. 43.1).
También señala que "se impide ejercer íntegramente sus funciones a los representantes elegidos, utilizando los mecanismos establecidos y con unos objetivos de control de Gobierno".
Por ello, el documento concluye que "se otorgue el amparo" a los procuradores socialistas presentes en la comisión de investigación, "se declare la vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos establecidos por las leyes", se acuerde la "nulidad de las resoluciones impugnadas" y "se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al reseñado Acuerdo de 20 de diciembre de 2017 a fin de que por la Mesa de las Cortes de Castilla y León se adopte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido".
Asimismo, José Francisco Martín anunció la presentación de un recurso de reforma para incluir en el sumario de la sentencia de la Perla negra –que imputa a los cargos que integraron la cúpula de la Consejería de Economía bajo el mandato de Tomás Villanueva- también la pieza de la embajada de Bruselas.
Se trata, dijo Martín, "del mismo proceder" que en el caso de la Perla negra ya que la embajada de la Junta en Bruselas fue adquirida, inicialmente, por Urban Proyecta –empresa imputada en el caso Perla negra-, para posteriormente venderla a Ade Europa –organismo de la Junta también imputado en el mismo caso-.
Martín recuerda que el contrato firmado entre institución y empresa implicada una indemnización en caso de incumplimiento de contrato por la que se debería abonar el total del contrato en caso de zanjarlo antes de lo estipulado. "Esa indemnización nos ha costado a todos los ciudadanos un total de 1,69 millones que se embolsó esta empresa", afirmó el dirigente socialista.
