Valladolid
El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha cerrado la instrucción por la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el polígono de Portillo con la imputación de doce personas, entre ellas seis altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo de Junta de Castilla y León y seis empresarios.
En el auto, se solicita al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas en la causa, para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, mantiene la imputación sobre los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, dentro de la excúpula de la Consejería de Economía, también mantiene las acusaciones sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.
Se imputa además a los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y después de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva, exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
Sobreseimiento
El juez dicta el sobreseimiento de la causa respecto de José Rodríguez-Sanz Pastor, Pilar Manteca Barrio, Jesús Jiménez Miguel, Luis María García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.
El juez argumenta que el equipo del entonces consejero Tomás Villanueva actuó en connivencia con Urban Proyecta, para la compra del edificio de Arroyo, como con Parque Empresarial de Portillo en la compra de terrenos para poner en marcha un polígono industrial que nuncuallegó a ser realidad.
El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.
En la compra del edificio de Arroyo, conocido como la "Perla Negra" asegura que Urban Proyecta contó con información "privilegiada" de los altos cargos de Villanueva, ya fallecido. Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera.
Satisfacción de Pilar del Olmo
En el caso de los terrenos de Portillos, el juez asegura en el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para "favorecimiento" de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva. Además, se asegura que "fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera".
Precisamente, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado tras conocerse la conclusión de la instrucción que hoy es un día "de satisfacción" porque a ninguno de los altos cargos que ahora están en la Junta o empleados en el ámbito de su consejería se le ha abierto juicio oral por esta trama.
"Han concluido unas diligencias que han estado mucho tiempo abiertas, se ha hecho una investigación exhaustiva y de todas las personas que me han acompañado a ninguna se les ha abierto juicio y yo estoy muy satisfecha, ya que siempre defendí su inocencia", ha declarado.