Valladolid
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estudia emprender acciones legales contra Azucarera por su decisión de rebajar el precio de la remolacha, un recorte que también rechaza Asaja.
Para UPA, esta bajada en seis euros por tonelada, significa romper "unilateralmente" el marco legal que regula el sector remolachero.
A su juicio, con esta decisión "se dinamita una relación fructífera de acuerdos profesionales" a lo largo de 30 años mediante el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) entre industrias y productores y "pone en peligro el presente y futuro de las fábricas remolacheras asentadas en España, de los propios productores y de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos2.
El recorte "brutal" del que informa AB Azucarera supone un 25 por ciento del pago que realizaba hasta la fecha esta empresa, lo que es "inasumible actualmente por los agricultores, dado el escaso margen de beneficio en el que ya estaban produciendo los remolacheros españoles".
UPA se posicionó en contra de la propuesta de la empresa de "intentar compensar esta rebaja con la cotización del precio del azúcar en los mercados", puesto que no asegura la percepción de un precio digno y rentable. Igualmente, recordó que la empresa es propietaria de las fábricas de Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro y lamentó que lejos de "mantener, fortalecer y mejorar la funcionalidad y productividad de estas tres plantas industriales", tal y como la organización ha solicitado en varias ocasiones, "se dinamita definitivamente el futuro de un sector productor como el español, que ha sido puntero desde el punto de vista de productividad y profesionalidad en el conjunto de la Unión Europea".
Beneficios de 28 millones
Mientras, ASAJA aseguró no compartir los motivos y la decisión de esta rebaja de precios y la considera una "imposición" por parte de la compañía azucarera. En este sentido, recordó que el acuerdo es a cinco años y que en este periodo la compañía "ha tenido ejercicios con beneficios muy generosos, como fue el penúltimo, en el que ganó 28,9 millones de euros".
Además, dijo, la reducción del precio de las materias primas no es la única fórmula para equilibrar el balance de una compañía como es Azucarera. "Las empresas serias que invierten en la agroalimentación no lo hacen pensando en recoger grandes beneficios en cortos plazos de tiempo, y lo razonable sería esperar un tiempo para ver la evolución de los mercados internacionales, muy volátiles", criticó. Por ello, reclamó que "demuestre la misma responsabilidad que han mostrado los propios cultivadores, que han cumplido con sus compromisos de siembra aun cuando las condiciones climáticas sido muy difíciles en estos últimos años".
La organización agraria lamentó que Azucarera haya dado de nuevo un "paso desacertado" que tendrá consecuencias directas en la reducción de la superficie de siembra de remolacha, "además de menoscabar la renta de los productores que continúen con el cultivo, y que supondrá la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el sector remolachero y azucarero". "Azucarera no ha estado a la altura de un sector que ha hecho un gran esfuerzo de modernización y competitividad, ni de las administraciones públicas que en este caso han apoyado al sector destinando para ello importantes fondos públicos", concluyó la organización agraria.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha anunciado que acudirá al Arbitraje para hacer cumplir a Azucarera los compromisos que ha firmado con las organizaciones representativas del sector (COAG, Asaja, Upa y Confederación Remolachera), y que están visados por el Ministerio de Agricultura, al que piden su implicación y mediación.
COAG considera imprescindible la rectificación por parte de Azucarera, ya que de no hacerlo, los remolacheros difícilmente optarán por sembrar un cultivo que no les reportará beneficio alguno. "Será por tanto esta empresa la culpable de iniciar el desmantelamiento de la producción de azúcar con remolacha española", afirma.
La organización agraria recuerda que el margen que hoy en día ofrece el cultivo se sustenta en las ayudas de las administraciones públicas, justificadas en la necesidad de sostener una producción estratégica para los regadíos en los que se asienta, al igual que para el empleo de las industrias agroalimentaria y afines que dependen de ella. Para la consecución de estas ayudas resultó imprescindible el trabajo coordinado de empresas y remolacheros; un trabajo que ahora se ve traicionado por el interés unilateral de la empresa. COAG considera que, con esta actitud, Azucarera pone a corto plazo en peligro el futuro de sus propias fábricas.
