Valladolid
Castilla y León reactiva su ofensiva de defensa de la minería del carbón y culpa a la ministra de Transición Energética de la "paralización" de las inversiones que harían posible mantener las centrales térmicas en activo hasta 2030.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido este lunes una reunión convocada con carácter extraordinario del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León.
En el encuentro, Del Olmo ha presentado un documento con el que pretende lograr el consenso para exigir al Gobierno español "que renuncie a sus planes de cierre inmediato de la minería del carbón y de las centrales térmicas que utilizan carbón nacional". A la vez, se insta al Ejecutivo a que diseñe "una transición adecuada y razonable, satisfactoria para las autonomías y para los municipios mineros".
Del Olmo ha justificado la convocatoria extraordinaria de la comisión debido a la "alarma" provocada por las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera en las que avanza el cierre de las minas el próximo 31 de diciembre de 2018 y de las centrales térmicas de carbón españolas en 2025.
El documento presentado hoy destaca que que las cuatro explotaciones mineras de carbón operativas en la actualidad en Castilla y León son explotaciones competitivas, que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera, a las que suministran los tonelajes de carbón acordados a precios inferiores al precio internacional del carbón.
Por ello, el documento reclama un procedimiento de devolución de las ayudas recibidas que permita la continuidad de las explotaciones que ahora ya son viables.
Además, Junta reclama al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación, de modo que puedan impedirse cierres como el de la Central de Velilla, que sólo buscan el beneficio económico de su propietario, por el incremento del precio marginal del mercado que conlleva dicho cierre.
La consejera ha pedido además al Gobierno, ante la fecha orientativa que dio la ministra Ribera de cierre de todas las centrales de carbón españolas en 2025, que se mantenga dentro del marco europeo y llevar ese objetivo a 2030.
En este sentido, el documento asegura que "las manifestaciones continuas en este sentido de la ministra lo
que han conseguido es paralizar las inversiones de adaptación a la DEI que ya había anunciado Naturgy para su central de La Robla. Evidentemente, con un horizonte a 2025, no es posible rentabilizar las inversiones", afirma.
Además subraya que "Endesa ha reiterado su disposición a actuar en la dirección que le marque el Gobierno, en cuanto a su generación térmica con carbón autóctono.
Y las manifestaciones de la ministra no ayudan a una decisión de inversión en los Grupos 4 y 5, que aún es posible".
"Por lo tanto, el Gobierno debe rectificar de inmediato sus manifestaciones respecto al cierre de las centrales térmicas de carbón, y en el marco de una transición modulada y justa, mostrar su deseo de que los grupos 4 y 5 de Compostilla, el grupo 2 de La Robla y el grupo 2 de Velilla se adapten a la DEI y continúen operativos hasta 2030".
En cuanto al plan de transición energética, la Junta ha planteado que se consulte a las comunidades afectadas, que sea un plan flexible que refleje si se va a mantener o no cierta producción de carbón y las medidas para una transición justa; y debe recoger el impacto social en términos de empleo de los cierres de minas y centrales que se planteen, y las políticas de creación de empleos alternativos.
El documento ha sido rechazado por algunos integrantes del Comité por considerar que "está politizado", acusaciones que Del Olmo ha rechazado al recordar que "el documento de hoy no es nuevo en sus planteamientos" ya que el 29 de enero ya se propuso hacer una declaración conjunta por el mantenimiento de la central de Velilla.
"Es una excusa porque no se atreven a ser tan valientes" como el Gobierno de Castilla y León que llegó a pedir la dimisión del ministro Soria a Rajoy por entender que no defendía la minería", ha asegurado Del Olmo.
Ahora, los integrantes del Comités disponen hasta principio de agosto para hacer las aportaciones necesarias que hagan posible el consenso.