
José Luis Ulibarri es uno de las 27 personas procesadas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, a los que se imputan seis delitos por pagar un millón de euros a la supuesta trama.
En el caso de Ulibarri la causa por la que está acusado es por la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto, en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL. El texto del juez indica que en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa Sánchez habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa gestionada por Ulibarri en un procedimiento abierto con el sistema de adjudicación de un concurso, siendo el precio de licitación 33.360.000 €.
Según el juez, «en ejecución de lo convenido con el grupo, Ulibarri presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35.028.000€ y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento conociendo que iba a resultar adjudicatario y que ese escaso tiempo fue clave al superar a la otra oferta que era superior en 4.072.000 euros. De la Mata indica en el auto que la comisión pactada entre Ulibarri y Correa ascendió a 1.000.000 €, que se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) reflejados en dos facturas por importe cada una de 500.000 € (580.000 € IVA incluido) abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006. Así le imputa al empresario leonés los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra la hacienda Pública.