El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado en Valladolid que el Gobierno autonómico recuperará este año el 70 por ciento de la cuantía de las prestaciones que reciben las personas dependientes por cuidados en el entorno familiar y que en el año 2012 se redujeron un 15 por ciento.
La intención del Gobierno regional, si las circunstancias presupuestarias lo permiten, es recuperar el resto el próximo año.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha dado esta mañana la bienvenida a los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que prestarán sus servicios en la Administración autonómica como laborales fijos, fruto de la primera convocatoria específica en este sentido convocada por la Junta y fruto también del Convenio firmado con el CERMI en 2010. En este acto, el presidente Herrera ha anunciado que la Junta va a recuperar las cuantías que Castilla y León se vio obligada a reducir durante la crisis en la prestación de cuidados en el entorno familiar.
En julio de 2012, se alcanzó un acuerdo con el CERMI por el que, para hacer frente a los problemas económicos que sufría en ese momento España y, con el fin de preservar el mayor número de empleos posible, además de las fijadas por el Gobierno de España se tomaron, entre otras medidas complementarias, las de aumentar en un 20 % las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema de Dependencia para los grados III y I y el 75 % para el grado II y la de reducir un 15 % las cuantías de los cuidados en el entorno familiar.
Hoy, ya en un contexto de recuperación económica, Herrera ha anunciado que, con carácter inmediato, la Junta recuperará el 70 % de ese 15 % que se redujo en 2012, con la intención de restaurar el resto el año que viene, siempre que las circunstancia económicas y presupuestarias lo permitan, todo ello sin merma de las cuantías que se incrementaron en su momento para la prestación de servicios profesionales. Esta medida beneficiará a las 24.000 personas que reciben esta prestación y significará ya en 2018 un aumento del gasto para prestación de cuidados en el entorno familiar por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que rondará los cinco millones de euros.
Además, a través de la colaboración con el CERMI, la Junta ha promovido otras medidas como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León; el Protocolo, de abril de 2015, para impulsar el Modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad en Castilla y León, que tiene como idea básica la atención centrada en la persona y fomenta la figura del asistente personal; el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad en Castilla y León, 2016/2020, dotado con 752 millones de euros; el desarrollo de programas para la atención a las personas con discapacidad y la constitución de la Sección de Atención a Personas con Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales.
Cinco nuevos empleados
El empleo de las personas con discapacidad es una prioridad para la Junta de Castilla y León y por ello ha puesto en marcha una política de empleo que favorece su incorporación al mercado laboral, tanto en el ámbito privado como en el público. Es precisamente en la Administración autonómica donde se ha producido esa primera incorporación, fruto del convenio que la Junta firmó con el CERMI a finales de 2010 para sacar una convocatoria específica para personas con determinadas discapacidades.
Así, tras la convocatoria publicada el pasado año en el BOCyL para cubrir cinco plazas de personal laboral fijo para personas que acreditasen discapacidad intelectual, estas personas se han incorporado a sus puestos de trabajo. Los trabajadores, cuatro mujeres y un hombre, prestarán sus servicios en los CAMP de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora y en la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.
Estas incorporaciones se dan tras una fase de trabajo y apoyo con estas personas ya que, una vez superado el proceso selectivo, han contado con un proceso de acogida y acompañamiento por parte de los técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para facilitar la incorporación, la integración y el desarrollo de sus funciones. Este proceso tiene una serie de fases como la preparación previa, en la que se identifican los integrantes del círculo de apoyo al trabajador; el análisis del puesto, con la descripción de tareas, habilidades, etc.; la acogida; el seguimiento con evaluación del trabajador, el responsable del centro y resto de compañeros y la gestión de apoyos para la vida independiente.
La Junta va a dar continuidad a esta iniciativa, con una nueva convocatoria similar a esta en septiembre, en la que se ofertarán doce plazas. Además, los aspirantes que no sacaron plaza en esta ocasión, pasan a formar parte de una nueva bolsa de empleo para plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.
Por otra parte, la Junta trabaja por la contratación pública socialmente responsable, apoyando a los centros especiales de empleo mediante la incorporación de cláusulas sociales en cerca del 82 % de los contratos en 2017 -2 puntos más que en 2016-, con 2.723 contratos que superan los 600 millones de euros. Así, los 209 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León dan empleo a 5.462 personas con discapacidad. De hecho, en el último año se ha incrementado notablemente el número de trabajadores con discapacidad en estos centros (11,86 %).
