Desde su creación en 2010, la Junta de Castilla y León ha destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía más de 320 millones de euros para beneficiar a 66.311 personas. La cuantía media que percibe cada titular es de 536 euros al mes.
El Consejo de Gobierno ha conocido este jueves el informe sobre la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación que se incluyó a finales de 2010 en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión social y que forma parte del conjunto de prestaciones de la Red de Protección a las Familias y las Personas más vulnerables.
Desde su regulación a finales de 2010, la Renta Garantizada ha sufrido diversas modificaciones, siempre con el acuerdo del Diálogo Social, pero las últimas y más importantes mejoras normativas se realizaron en 2016. El proceso se inició con los compromisos alcanzados en enero de 2016 en el seno del Diálogo Social entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los representantes de los agentes económicos y sociales que alumbraron el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia.
En mayo, las Cortes de Castilla y León convalidaron con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios el decreto-ley y a partir de ese momento se inició su tramitación como proyecto de ley. En diciembre de 2016 se convirtió en ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Esto posibilitó la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones. Estas medidas garantizan también las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.
Los datos más relevantes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía indican que, a lo largo de 2016 fueron 38.560 personas las que se beneficiaron de esta prestación, lo que supone más de 1.000 beneficiarios más que en 2015, y más de 15.500 que los que se beneficiaron en 2011, primer año de su implantación.
En 2011 la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinaba a la Renta Garantizada de Ciudadanía 27 millones de euros y en 2016 ha destinado 76,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento presupuestario del 183 %. En todo el periodo de existencia de esta prestación, 2011-2016, la Junta ha destinado a la Renta Garantizada de la Ciudadanía más de 320 millones de euros para beneficiar a 66.311 personas. La cuantía media es de 536 euros al mes.
Especialmente en los últimos años, además de garantizar las necesidades básicas de subsistencia, la Junta ha puesto especial empeño en que la Renta Garantizada de Ciudadanía persiga la inserción socio-laboral de las personas, ya que el trabajo es la mejor herramienta para la autonomía y la integración social. En este sentido, en 2016 aumentaron más de un 37 % los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo, entre otros motivos gracias a los planes de empleo de la Junta. Un total de 4.225 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía consiguieron trabajo en 2016 frente a los 1.145 perceptores que lo consiguieron en 2015.El 58,09 % de los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía son mujeres y el 41,91 % son hombres; el 29,56 % tiene entre 36 y 45 años y el 23,56 % tiene entre 25 y 35 años; el 62,57 % de los titulares viven en el medio urbano y el 37,43 % en el medio rural, y el 41,17 % es beneficiario único y el 58,83 % tiene cargas familiares.
Se han ampliado los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección, hasta un determinado límite, con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad (prestación por hijo a cargo del INSS). De esta forma, se asegura que una persona que percibe la prestación por desempleo pueda compatibilizar y complementar ésta con otra de la Red de Protección, como por ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía, hasta alcanzar el máximo establecido.
También se ha establecido la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidades temporales durante el desarrollo del trabajo, y la prestación por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.
De esta forma, este grupo de medidas eliminan las incompatibilidades de la Renta Garantizada de Ciudadanía, recogidas en el Decreto Legislativo 1/2014, con ingresos que procedían de las acciones protectoras de la seguridad social u otros sistemas públicos de protección, asegurando unos ingresos suficientes para atender las necesidades básicas de una persona.
Últimas mejoras normativas
Uno de los principales objetivos de estas medidas es flexibilizar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. De esta forma, lo que se quiere garantizar es que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo su valor.
De esta manera, en aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos para el acceso, se establece para los autónomos que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos fueran inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe. Y, por otro lado, en los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50 % de dicho valor y, por último, en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80 % del IPREM.
El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuando sea estimatoria, se devengará, es decir, producirá efectos económicos, al mes de entrada de la solicitud en lugar de los tres meses anteriores. Al mismo tiempo, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones, pues se facilita la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.