El Corte Inglés ha presentado una reclamación ante la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca de 150 millones de euros que ejecutará si finalmente la compañía se ve obligada a cerrar el centro que tiene en la ciudad del Tormes, cuya licencia urbanística fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.
La reclamación se justifica en los perjuicios que el cierre del centro comercial supondrían a El Corte Inglés, que se cuantifican en las inversiones de infraestructuras realizadas para la ciudad por un valor de 10,8 millones de euros y la ejecución de la propia inversión en el centro comercial de 93 millones de euros, además de la devolución de los tres millones abonados en tasas y licencias municipales y autonómicas.
Fuentes de la compañía han aclarado a elEconomista que la reclamación patrimonial sólo se materializaría en el caso de que finalmente el centro tuviese que ser cerrado y justificaron su presentación en el hecho de que el pasado día 12 concluía el plazo legal para que no caducase. De hecho, hasta el 15 de abril de 2018 no concluye la moratoria urbanística que la Junta de Castilla y León concedió al Ayuntamiento de Salamanca para regularizar la situación derivada de la anulación de la licencia.
Bloqueo de Podemos
Las gestiones para esa regularización están bloqueadas por la formación política Equo, integrada en Podemos. De hecho, el Grupo Popular en el Ayuntamiento acusó ayer a esta formación de "torpedear y poner continuas trabas a la solución definitiva" para el centro comercial y de "poner en peligro" su continuidad y la de los más de 800 empleos directos e indirectos.
Según un comunicado de los populares, la postura del Grupo dePodemos "puede enfrentar a la ciudad de Salamanca a una posible indemnización de 150 millones de euros" por una situación que "se deriva de la guerra en los tribunales impulsada por el actual partido de Equo".
El Corte Inglés abrió el centro en septiembre de 2009 con una superficie comercial de 24.000 metros cuadrados y un aparcamiento subterráneo de 1.223 plazas.
Desde entonces, el centro ha sido víctima de todo un calvario judicial promovido por Equo y Ecologistas en Acción, que lograron la anulación de la licencia y de la modificación del Plan de Ordenación Urbana necesaria para poder construir el centro. En concreto, los tribunales anularon el acuerdo entre El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Defensa que liberó los terrenos para el equipamiento comercial.
