La llegada de Pablo del Villar a la Presidencia de la D.O. Rueda está teniendo un alto coste para su Consejo Regulador. Hasta el momento, los gastos generados por sus actuaciones se elevan a cerca de 200.000 euros.
El Consejo Regulador de Rueda, una de las DO más pujantes, se encuentra totalmente dividido en torno a su presidente, Pablo del Villar. Por un lado, siete de sus 12 vocales le mantienen su apoyo pese a estar sancionado por la Junta de Castilla y León por una falta muy grave y, por otro, un grupo de cuatro vocales que piden su salida y la elección de un nuevo presidente o, en su defecto, la convocatoria de nuevas elecciones.
Del Villar alega para no dimitir que la sanción, que comporta una multa de 30.000 euros y la pérdida de su condición de vocal, está recurrida en los tribunales. No opina lo mismo la Consejería de Agricultura, que mantiene que el cumplimiento de la resolución administrativa tiene carácter automático y, de hecho, ha advertido a los vocales que acuden a los Plenos convocado por él con "acciones legales" por aprobar "acuerdo viciados de ilegalidad".
La sanción a Del Villar se produjo tras una denuncia ante la Junta de Francisco Hurtado de Amezaga, director técnico de Bodegas Marqués de Riscal, después de que el presidente del Consejo apartase a tres catadores, los más exigentes, con el fin de bajar el listón de calidad en la calificación de los vinos de la cosecha 2013 ante los problemas que algunas bodegas tenia para calificar sus vinos.
Para amortiguar los efectos de la sanción, el Consejo decidió montar "un gabinete de crisis" que llevó a la contratación de una agencia de comunicación y relaciones públicas "ante el desprestigio" que, en su opinión, había tenido la denuncia de Hurtado de Amezaga sobre la calidad de los vinos. El importe de los servicios de comunicación, que se prolongaron por apenas tres meses, fue de algo más de 60.000 euros.
Estos 60.000 euros no suponen el mayor gasto. A ellos hay que sumar los 120.000 euros que costó el despido del secretario general del Consejo, Ramón Bocos.
Del Villar decidió la rescisión del contrato después de que Bocos le advirtiese que la Ley impedía al órgano de gestión inmiscuirse en las labores dlel Comité de Cata. El despido de Bocos fue declarado nulo, por lo que seis meses después tuvo que ser reintegrado a su puesto y retribuido con los salarios correspondientes a los meses en que no pudo trabajar. Entre los salarios y el pago de los abogados, incluido el del secretario despedido, el Consejo tuvo que desembolsar alrededor de 120.000 euros. A esto hay que añadir los 9.000 euros que costó la auditoria de Personal encargada para justificar el despido de Ramón Bocos.
El Consejo ha adelantado además los 30.000 euros de la sanción Del Villar, una cantidad que el presidente se ha comprometido a devolver si los tribunales no le daban finalmente la razón.
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