La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha dicho basta ante el pulso de los vocales que se niegan a destituir al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, Pablo del Villar, sancionado por una falta muy grave.
La directora del Instituto Tecnológico Agrario, Ana Asenjo, ha advertido a estos vocales que les exigirá responsabilidades en los tribunales por aprobar acuerdos "viciados de ilegalidad".
El enfrentamiento entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y el grupo mayoritario de vocales del Consejo Regulador de Rueda sube de tono ante la negativa de estos consejeros a cumplir el mandamiento de la Administración autonómica de convocar un pleno para nombrar al sustituto de Pablo del Villar y elegir a un nuevo presidente.
Del Villar fue sancionado en diciembre de 2014 con una falta muy grave por apartar a varios catadores. La sanción conlleva automáticamente la pérdida de su condición de vocal, según el artículo 26.4 del Reglamento de la Denominación de Origen, y por tanto le invalida para continuar como máximo responsable del órgano de gestión.
Pese a la petición de que abandonase su puesto, Del Villar se ha negado a dimitir alegando que la sanción no es firme al estar recurrida en los tribunales de justicia. Ante esa negativa, la Junta ordenó al Consejo Regulador a que procediese a la convocatoria de un pleno para nombrar al suplente y elegir al nuevo presidente, algo que ha sido incumplido reiteradamente desde febrero de 2015. Del Villar mantiene el apoyo de ocho de los 12 vocales, que bloquean la salida de Del Villar que sí apoyan cuatro consejero.
Ante este incumplimiento, el pasado 25 de enero la directora general del Itacyl, Ana María Asenjo, envió una carta al director general del Consejo, Santiago Mora, a la que ha tenido acceso elEconomista, en el que recuerda que el órgano de gestión "ha celebrado plenos convocados y presididos por quien no tiene la condición de presidente (en referencia a Pablo del Villa)". Concretamente se refiere a los acuerdos aprobados en los plenos celebradas el pasado 24 de noviembre y el 22 de diciembre de 2015 en los en los que se dio el visto bueno a las cuotas a pagar por los viticultores y elaboradores acogidos a la DO, los presupuestos para 2016, el Manual de Calidad del órgano de Control y la autorización de etiquetas para su inscripción en el registro.
Tales actuaciones, asegura Asenjo, están "viciadas de ilegalidad" por lo que resultan "nulos e ineficaces, sin perjuicio de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir personalmente quienes incumpliendo de forma flagrante las normas hayan participado en los mismos, responsabilidades que pueden ser exigibles por la vía judicial".
Asenjo reprocha además a esos vocales "rebeldes" que impidiesen con su inasistencia la celebración de un Pleno convocado por el vocal Hurtado de Amezaga como consejero de mayor edad a requerimiento de la Administración autonómica para hacer efectiva la sustitución de Pablo del Villar por su suplente.
Por todo ello, la también viceconsejera de Agricultura requiere de "forma colegiada al Consejo y de forma individual a sus miembros" para que desistan de su actitud "que obstaculiza e impide el normal funcionamiento del Consejo", apercibiéndoles de que aplicará el artículo 35.2 de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León, que regula la suspensión del Consejo y el nombramiento de una gestora, "sin perjuicio de las responsabilidades personales que pudieran resultar".
