El último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León pone negro sobre blanco lo que todo el mundo sospechaba: que las sociedades públicas creadas por organismos locales y autonómicos no son más que un gran monumento al enchufismo.
El informe del órgano fiscalizador que preside Jesús Encabo sobre las empresas públicas creadas por ayuntamientos y diputaciones, pese a referirse a un ejercicio que para muchos puede ser lejano, el año 2008, tiene vigencia y oportunidad. En pleno debate sobre el excesivo tamaño del sector público, el Consejo muestra una realidad que se mantiene hoy prácticamente intalterada.
Creación de organismos sin justificación o contrataciones que incumplen los principios de igualdad, mérito y publicidad (siete de cada diez), pago de dietas en sociedades en disolución reflejan una práctica a la que los políticos no parecen dispuestos a renunciar.
La creación de estas sociedades era una simple estratagema para eludir los controles públicos y que los políticos hiciesen de su capa un sayo con los dineros públicos. Y de paso, cultivar esa especie de tradición secular española de convertir el clientelismo en la máxima de nuestros principales partidos.
Mientras los ciudadanos tienen que pagar por los medicamentos, sufren constantes subidas de impuestos y recortes de prestaciones sociales, nuestros políticos siguen disfrutando de unos privilegios que tenemos que pagar los demás. Al informe del Consejo de Cuentas le falta poner nombres y apellidos a esos centenares de personas que encuentran cobijo laboral en estas empresas por el simple hecho de su parentesco o amistad con el gobernante de turno.
No se equivoquen, nadie dimitirá por estas prácticas, generalizadas por otra parte. Ni tampoco se cerraran todas estas oficinas sin más utilidad que las del propio beneficio. No, nuestros políticos seguirán mareando la perdiz para no tener que apretarse el cinturón. Y luego algunos se extrañan de que la gente cerque el Congreso de los Diputados.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León
