
El tiempo en el que las empresas y las fundaciones públicas eran la puerta de atrás para que la administración autonómica se endeudase sin límite ha acabado. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha anunciado este martes que se establecerán mecanismos de responsabilidad para aquellos entes públicos que incumplan el principio de estabilidad presupuestaria, aunque no estén incluidos en los Presupuestos.
Del Olmo intervino en el pleno de las Cortes autonómicas para informar del techo de gasto de 2012 y del cuadro macroecónomico sobre el que pivotará el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para este año.
La consejera de Hacienda hizo una llamada a los grupos para la incorporación de enmiendas de consenso al texto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, que incluya lo aprobado en el normativa estatal. en concreto, Del Olmo habló de reforzar la responsabilidad y las consecuencias para las instituciones públicas (empresas, fundaciones o universidades) que no cumplan el objetivo de déficit. "La transcendencia de esta norma para la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere que intentemos, hasta el último momento de su tramitación, alcanzar el máximo consenso", dijo.
Según la consejera, la evolución de la economía dependerá de las políticas adoptadas en los últimos meses y las que se tomen próximamente, así como de los socios comerciales y de las expectativas de los consumidores y empresarios en un contexto de "recesión profunda y prolongada".
La Junta de Castilla y León estima un descenso del crecimiento económico del 1,5 por ciento y un aumento de la tasa del paro hasta el 18,6 por ciento en 2012. En este descenso, frente al 1,7 por ciento nacional, ha tenido en cuenta el descenso (3,2 por ciento) de la demanda interna y del consumo privado (1,2 por ciento). También, habrá rebajas en la formación bruta de capital fijo (4,4 por ciento), en la inversión de bienes de equipo (2,1 por ciento). También, la inversión en construcción tendrá tasa negativa durante 2012, en parte por el ajuste del gasto público, que caerá un ocho por ciento en 2011, frente al 0,1 de reducción de 2011.
Por sectores, se prevén caídas en la industria y los servicios, con disminuciones del 0,9 y el 0,8 por ciento. Además, el valor añadido bruto de los servicios no de mercado se contraerá un tres por ceinto, con el del sector primario.
El cuadro macroeconómico es el incremento en casi dos puntos de la tasa del paro, ya que la Junta prevé un 18,6 por ciento este año sobre el 16,7 por ciento de 2011. Así, en empleo (equivalente a tiempo completo) el aumento se situará en un tres por ciento frente al 1,3 por ciento del año anterior. También, presentó un descenso del 1,2 en el gasto de consumo final de los hogares y del consumo, que se suaviza con el incremento del 1,7 en el saldo exterior, aunque se puede contraer por la situación de otros países.
La Junta ha fijado un techo de gasto de 9.108,3 millones de euros para 2012, un 6,2 por ciento inferior a 2011, lo que representa una reducción de 598 millones sobre los 9.706 millones del ejercicio anterior. Esta cantidad coincidirá casi en su totalidad con el presupuesto autonómico de 2012.
La suma de recursos no financieros, que marca el techo de gasto, proceden del sistema de financiación autonómica y los tributos propios de la Comunidad, que son 6.271,9 millones, un 4,12 por ciento menos que en 2011; de las transferencias finalistas, que ascienden a 798 millones, un 11,34 por ciento menos, pese a la inclusión de los 70 millones de la deuda farmaceútica; de los fondos de la Unión Europea, entre ellos la PAC, con 1.109,6 millones, un 4,45 por ciento menos, y otros ingresos de 133,3 millones, un 49,98 por ciento menos. También, señaló que se reducirán en un 50 por ciento los ingresos por ?otros ingreso?, que ascenderán a 133 millones.
En total son 8.312,8 millones frente a los 8.869 de 2011 (6,2 por ciento menos), a los que se añaden los 856,3 millones del 1,5 por ciento de déficit que permite el Gobierno a las autonomías este año, si bien se descuentan 60,8 millones de la contabilidad nacional. Al marcar el techo de gasto, la Junta se adelanta a lo marcado en la ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que aprobó el pasado 29 de diciembre y se tramita en las Cortes, y a la estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en el Congreso y a debate en el Senado.