La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha. La Junta recurrirá ante el Supremo.
En una sentencia notificada hoy, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a los once recursos que se presentaron contra la orden del Ministerio de Industria, divididos entre los que pidieron su prórroga hasta 2019, como Nuclenor -empresa propietaria de la central nuclear- o la Junta de Castilla y León, y los que exigían su cese inmediato y desmantelamiento, como Greenpeace, Ecologistas en Acción y un particular.
A lo largo de más de 50 folios los magistrados analizan los argumentos de los recurrentes y concluyen que para prorrogar la explotación de una central ya existente no es necesario una evaluación de impacto ambiental, ya que estiman que no se trata de construir una nueva.
Sin perjuicio, añaden, de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales y que se obtengan las autorizaciones necesarias, en particular las de carácter medioambiental.
Los magistrados tampoco estiman que se haya incumplido el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas ni que sea necesario un trámite general de información pública, como alegaban algunos de los recurrentes, como la Junta de Castilla y León.
En este sentido, la Sala ha tenido en cuenta que las entidades que pudieran sentirse lesionadas en su derecho de acceso a la información y participación en el Procedimiento no reclamaron frente a la pasividad de la Administración, por lo que el Tribunal concluye que este se respetó.
El Tribunal también considera que la autorización de la prórroga no significa, como argumentaba la empresa Nuclenor y otros recurrentes, que el titular de la explotación tenga "un derecho indefinido y temporalmente ilimitado, a continuar explotando la misma".
La Sala explica que las autorizaciones de explotación y sus prórrogas tienen elementos reglados (la competencia del órgano que ha de concederla y el cumplimiento de los requerimientos de seguridad nuclear), pero son condiciones "de mínimos" ya que se pueden tener en cuenta otros factores o circunstancias, como por ejemplo decisiones de política energética o medioambiental.
Por tanto, la Sala no aprecia desviación de poder por parte del Ministerio de Industria.
Es lícito, según explican los jueces en su sentencia, que para decidir sobre la renovación o no de una explotación de una central nuclear pueda pesar una determinada opción de política energética del gobierno, basada en el fomento de las energías renovables, informa Efe.
La sentencia incluye el voto particular de un magistrado de la Sección que discrepa de la resolución en dos puntos.
Este magistrado entiende que se debió cumplir debidamente el trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Castilla León en relación con el cese definitivo de la explotación y que se incumplió el trámite de información y participación pública en los términos exigidos por la Ley 26/ 2007 y en el Convenio de Aarhus.
Nada más conocer la decisión judicial, la Junta de Castilla y León anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que ha habido un voto particular contrario a la decisión del Gobierno de cerrar la central que "apoyaba la tesis" de la Junta de Castilla y León de mantenimiento de las instalaciones hasta el 2019.
La Junta de Castilla y León tiene de plazo hasta setiembre para presentar el recurso a la decisión del Gobierno de cerrar la central en julio del 2013, en una decisión que De Santiago-Juárez ha atribuido "al capricho político" de su presidente, José Luis Rodríguez-Zapatero.
"Iba a decir que en su último capricho político, pero no lo es, ya que cada día tiene una ocurrencia nueva", ha sostenido el también consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, una de las administraciones que había presentado recurso contra la decisión de cierre de la central burgalesa en el 2013.
