Castilla y León

Castilla y León apuesta por incentivos fiscales para reactivar el mundo rural

  • Empresas, agricultores y familias se ahorrarán 12 millones de euros
Mañueco durante una reciente visita al Ayuntamiento de la localidad zamorana de Villabrázaro
Valladolid

Castilla y León continúa esprintando en la carrera emprendida por algunas comunidades para reducir la presión fiscal a ciudadanos y empresas. Tras la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones el pasado mes de mayo, el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco pondrá en marcha el próximo año nuevas deducciones y ventajas fiscales dirigidas fundamentalmente al mundo rural de las que se beneficiarán directamente familias, emprendedores, autónomos y agricultores, que lograrán un ahorro estimado de 12 millones de euros.

Según recoge el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales que acompañará al proyecto de Presupuestos para 2022, la Junta de Castilla y León incrementará un 40 por ciento la deducción por nacimiento o adopción de hijos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y reducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el medio rural y a la compra o arrendamiento de explotaciones agrarias prioritarias y fincas rústicas.

Favorecer el emprendimiento

Un paquete fiscal que pretende apoyar la natalidad, favorecer el emprendimiento, ayudar a la permanencia de los trabajadores y autónomos en los pueblos y apoyar la continuidad de la actividad agraria en una Comunidad que sufre graves problemas de despoblación.

Así, se recoge como principal novedad, que las deducciones por nacimiento o adopción en los municipios de menos de 5.000 habitantes sean superiores a las previstas con carácter general y se incrementa la cuantía deducible hasta los 1.420 euros por el primer hijo desde los 1.010 euros; 2.070 euros por el segundo (1.475) y los 3.300 euros (2.351) por el tercero y siguientes.

El Ejecutivo regional reducirá también el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para "disminuir la presión fiscal de los emprendedores y autónomos del mundo rural" para apoyar el mantenimiento del empleo en estas zonas y "hacer de la Comunidad un territorio atractivo para el emprendimiento rural".

De esta manera, reducirá el gravamen del Impuesto de Transmisiones para las empresas que se instalen en los pueblos y creen empleo ahasta el 2 por ciento, después de que el año pasado ya se bajase hasta el 3 por ciento. También, establece un tipo reducido del 4 por ciento (frente al general del 8 por ciento) a las transmisiones onerosas de las explotaciones agrarias que se consideren prioritarias, lo que implica una reducción significativa de la tributación por cambio de titularidad de la explotación.

Congelación de tasas

Por último, se establece una bonificación del cien por cien de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de aplicación a los arrendamientos de fincas rústicas, siempre y cuando la persona arrendataria tenga la condición de agricultor profesional y sea titular de una explotación agraria a la que afecten los elementos arrendados.

El anteproyecto establece también, con carácter general, una congelación de las tasas y precios públicos.

Se disparán las donaciones

La supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en mayo pasado ha supuesto un aluvión de transmisiones familiares intervivos. Así en los tres primeros meses y medio ha movilizado 390 millones, 13 veces más que los 29 millones de 2019, según detalló el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo. La bonificación de este gravamen ha situado a la Comunidad como la cuarta con mayor competitividad fiscal en España.

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