Castilla y León

Patronal y sindicatos rechazan suprimir la Fundación que ha evitado numerosas deslocalizaciones en Castilla y León

La Fundación Anclaje ha impedido varias deslocalizaciones
Valladolid

CC.OO., UGT y CEOE Castilla y León han mostrado su oposición al cierre de la Fundación Anclaje propuesta por la Comisión Paritaria integrada entre Ciudadanos y el Partido Popular, que tenía la misión de analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Comunidad.

"Sorprende especialmente", advierten sindicatos y patronal, la decisión relativa a la Fundación Anclaje (FAFECyL), para la que se prevé su supresión y su integración en el Instituto para la Competitividad Empresarial.

"Es evidente, y no puede dejar de serlo para los miembros de esa Comisión Paritaria, la imposibilidad de dicha supresión sin mediar la voluntad conforme de los dos tercios de su Patronato, lo que necesariamente requiere el acuerdo de las organizaciones, empresarial y sindicales, que lo componemos", insisten los agentes económicos y sociales a través de un comunicado.

Más allá de eso, apuntan también que la integración en la estructura del ICE no parece una fórmula idónea por cuanto nada tienen que ver las competencias de uno y otro instrumento, ni sus fines, ni su modelo de organización y funcionamiento. La receta de PP y Cs para reducir la administración: mantener 14 de 15 entes públicos

La Fundación FAFECyL, recuerdan, integra las dos preexistentes destinadas, respectivamente, a la ordenación de la formación para el empleo de personas ocupadas, a raíz de las transferencias en esta materia en 2004, y a la gestión en el marco del diálogo social de las deslocalizaciones y crisis empresariales, mediante la búsqueda compartida de soluciones, tanto para atender las necesidades de las plantillas afectadas, como para promover la búsqueda de nuevas inversiones que permitan la continuidad de la actividad de las empresas afectadas por estos procesos.

En este último punto, patronal y sindicatos destacan el valor que ha tenido la fundación en la gestión de estas crisis, a través del Protocolo acordado al respecto, para evitar cierres empresariales, constituyendo durante estos años un referente para la puesta en marcha de instrumentos similares en otras Comunidades Autónomas.

De hecho, añaden, el propio Comité Económico y Social Europeo ha recogido esta línea de actividad como ejemplo de buena práctica en la gestión de las situaciones de crisis y de los procesos de deslocalización de empresas.

Un 70% de resultados positivos

Mencionan igualmente el éxito de su intervención en crisis que han tenido durante estos años una importante repercusión mediática, con actuaciones en más de cincuenta empresas, y resultados positivos cuando menos en un 70% de los casos.

Por ello, los agentes económicos y sociales de la Comunidad advierten de que defenderán la continuidad de esta Fundación y de sus funciones, "que por otra parte no han sido en ningún caso cuestionadas en las conclusiones de la mencionada Comisión Paritaria".

Abogan por defender también campos como la responsabilidad social empresarial y otras materias del diálogo social, donde la colaboración de esta Fundación puede ser oportuna y contribuir a los objetivos que se tracen en los acuerdos que se están negociando.

En relación a la Fundación SERLA, el informe no cuestiona ni la pervivencia ni la oportunidad de su extensión territorial y material, si bien se condiciona esta extensión a la disponibilidad de recursos, "cuando es notorio que esos recursos ya existen y están consignados en los presupuestos de la Comunidad de los últimos ejercicios, incluidos los de este año 2021".

También aquí se hace referencia a la posible modificación de los Estatutos, lo que, como así vuelven a recordar, exigiría el acuerdo, en este caso por unanimidad, con los agentes económicos y sociales que componen su Patronato.

"Los agentes económicos y sociales confiamos en la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad en la gestión del informe que ahora se ha hecho público, de modo que no se cercenen instrumentos que se han manifestado útiles y eficientes para poner en práctica políticas públicas de interés e impacto en el desarrollo económico y social de Castilla y León", exponen.

Lo contrario, como ya han dicho en relación al SERLA, "constituiría, además de un atropello político y jurídico, un retroceso inexplicable en materias especialmente necesarias para apoyar la salida de la crisis en la que nos encontramos y el futuro económico de la Comunidad".

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