Castilla y León

Castilla y León tendrá en 2021 el Presupuesto "más ambicioso de su historia", con 12.291 millones

  • La Junta destinará 123 millones a ayudas directas a las empresas y el gasto en I+D llega al 3%
  • Las inversiones aumentan un 8,94 por ciento hasta los 674 millones de euros
  • Los tres departamentos sociales concentran el 80 % del gasto no financiero
Igea, Ma?ueco y Fern?ndez Carriedo
Valladolid

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy en Valladolid el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021, el "más ambicioso" de la historia autonómica al alcanzar los 12.291,4 millones de euros, un 13,19 % respecto a las últimas aprobadas, correspondientes a 2018.

Mañueco, acompañado por el vicepresidente, Francisco Igea, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido unas cuentas diseñadas para afrontar la pandemia generada por el Covid-19,  apostar por la recuperación económica y social "sostenida, creíble y duradera" y para avanzar en la "modernización de Castilla y León en todos los ámbitos. Son el escudo económico y social para superar la pandemia y afrontar el futuro", ha manifestado el presidente.

Las tres consejerías sociales de Castilla y León, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades acaparan casi el 80 por ciento del gasto no financiero, mientras que las inversiones crecen un 8,94 por ciento hasta los 674,88 millones de euros, se destinan 123 millones en ayudas directas para las empresas, 32 millones para facilitar el crédito y 15 para suelo industrial.

Las cuentas autonómicas para 2021 no incorporan los fondos europeos de Nueva Generación previstos en el Plan de Recuperación de la UE, cuyo reparto entre comunidades autónomas determinará el Gobierno de España.

El presupuesto estima una recuperación progresiva de la actividad económica en 2021 que, si bien no logrará alcanzar el nivel perdido en este año, empujará el Producto Interior Bruto (PIB) a un crecimiento del 7,5 %, frente al 7,2 % estimado para la economía española. Las previsiones indican que el empleo crecerá el 2,8 % y la tasa de paro se situará en el 13,9 %, tres puntos por debajo de la media española. La deuda pública en la Comunidad alcanzará el 23,7 % del PIB, 2,3 puntos inferior a la media de España, pero supondrá un gasto anual en amortizaciónes de 1.311,1 millones de euros.

Fernández Mañueco ha destacado que las cuentas, como se había comprometido, no incorporan una subida de impuestos ni a familias, ni a autónomos, ni a pymes, y se mantienen los beneficios fiscales vigentes para ahorrar 336,37 millones de euros a más de 155.000 familias, especialmente a través de las deducciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Los beneficios fiscales beneficiarán a 155.000 familias y se incorporan dos nuevas deducciones para el mundo rural

En este sentido, Mañueco ha avanzado que se establecen  dos nuevas deducciones dirigidas a las personas y a las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural. Por un lado, se rebaja el 25 % el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para el traspaso de negocios en el mundo rural –dejándolo en el 3 %–, y se fija una bonificación del 95 % sobre la tasa ganadera por servicios veterinarios.

Dentro de los 12.291,4 millones de euros del proyecto presupuestario, el análisis sobre el estado de gastos arroja tres cifras reseñables. La primera, 1.311,1 millones de euros, es el montante de las operaciones financieras, que se refieren fundamentalmente a la amortización de deuda.

La segunda asciende a 10.980,2 millones de euros y refleja el gasto no financiero. Sin embargo, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (239,2 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (33,7 millones de euros).

La operación anterior da como resultado casi 9.783 millones de euros, la tercera cifra y la más relevante. Es el dinero efectivo que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2021 para ejecutar sus políticas. Esta cantidad es un 17,3 % superior, en términos homogéneos, a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 1.441 millones de euros adicionales.

Gasto social, el 13,5 % del PIB

La prestación de los servicios públicos fundamentales se convierte en la primera prioridad del Ejecutivo autonómico. De ahí que Sanidad, Educación y Familia aglutinen casi el 80 % del gasto no financiero de las consejerías. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, el 18,16% más que en 2018 (lo que equivale a 1.200 millones de euros adicionales). Los recursos asignados a estas tres consejerías representan el 13,5 % de la riqueza autonómica.

El mayor esfuerzo se concentra en la Consejería de Sanidad. Este departamento dispondrá de 4.365 millones de euros, el 21,6 % más, para hacer frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. La Consejería de Educación dispondrá de 2.359,8 millones de euros (sube el 14,6 %) y la de Familia e Igualdad de Oportunidades contará con 1.081,27 millones (con un incremento del 12,6 %).

Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 88 % del total de los gastos de personal y el 95 % de los gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo con el que se atienden, entre otras facturas, las derivadas del funcionamiento de hospitales, colegios públicos y centros de servicios sociales. De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 95 % del montante de las transferencias corrientes, con las que se hace frente a los gastos de farmacia hospitalaria, de la dependencia y de colegios concertados y universidades.

Para protección social se consignan más de 800 millones de euros, con un incremento medio del 20 % en el gasto para estas políticas. Este aumento se eleva al 65 % en los programas dirigidos a apoyar a las familias y al 25 % en el caso de los orientadas a las mujeres.

Ayudas a las empresas y empleo

El apoyo al tejido productivo se concreta en casi 123 millones de euros en ayudas directas, más de 32 en apoyos financieros para facilitar créditos por importe de 1.150 millones y 15 millones en suelo industrial. La Consejería de Economía y Hacienda gestionará un presupuesto de 376,5 millones .

Por otro lado, a dinamizar el mercado laboral se destinan 345,46 millones, con un crecimiento del 11,15%, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social, como el Plan de Choque por el Empleo.

Inversión en I+D+i del 3 %

Las cuentas de la Junta para 2021 reservan 296 millones de euros para ejecutar políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24 % y cuyo peso supera el 3 % del gasto no financiero de las consejerías. Destaca el avance del 75 % en los fondos destinados a la innovación, al tiempo que se hace un especial esfuerzo en las inversiones en telecomunicaciones –con cinco millones consignados para la extensión de la banda ancha en las zonas rurales– y en la sociedad de la información en la enseñanza, destinándose más de 15 millones a esta finalidad.

Las inversiones suben un 8,94%

Las operaciones de capital retoman el pulso para ejercer de palanca de la reactivación de la economía. Se incrementan el 17,8 % hasta los 1.595,4 millones, de los que 674,8 millones serán inversiones reales (capítulo 6) y 920,5 transferencias de capital (capítulo 7).

Estos 1.595,44 millones de euros suponen el 12,98 por ciento del presupuesto y, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, crecen más que las operaciones corrientes, que aumentan un 14,12 por ciento, con la particularidad de que las transferencias de capital escalan un 25,37 por ciento hasta los 920,56 millones de euros mientras que las inversiones reales lo hacen en un 8,94 por ciento y se quedan en 674,88 millones de euros.

La atención al medio rural también ocupa un lugar preferente en el proyecto aprobado hoy. Al sector agrario se destinan 1.419,45 millones de euros, incluyendo la PAC, si bien el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – que se eleva a 524,2 millones– crece más del 10 % descontando los fondos europeos.

Asimismo, la hoja de ruta de la Junta para este mandato apuesta por el medio ambiente. La dotación para estos programas se incrementa el 21%, un esfuerzo que se multiplica por más de dos si se atiende a las inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua. De su ejecución se encargará Fomento y Medio Ambiente, que gestionará 540,8 millones.

Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 346,29 millones de euros, lo que implica un incremento del 20,17 % respecto a los anteriores presupuestos.

La coordinación con las entidades locales es responsabilidad de la Consejería de la Presidencia, la que más ve crecer su presupuesto; concretamente lo hace el 28 % hasta los 141,1 millones. Por su parte, a Cultura y Turismo le corresponden 140,7 millones y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior contará con 20,2 millones.

Vertebración territorial

La política industrial de la Junta se diseña con el reto de contribuir a la vertebración de la Comunidad mediante el aprovechamiento de las potencialidades de cada zona a través de los programas territoriales. En este sentido, se habilitan créditos para continuar con el desarrollo de los planes vigentes –Béjar, Benavente y Ávila–, mediante inversiones infraestructuras y apoyos financieros a las empresas. A las iniciativas anteriores hay que añadir el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria –con 40 actuaciones previstas por valor de 19,36 millones de euros– y las actuaciones para la reactivación de las zonas mineras, con 22 proyectos en marcha que suponen 15,2 millones de euros.

Congelación de sueldos

El análisis del Proyecto de Presupuestos desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto lleva a detenerse en tres capítulos. En primer lugar, el capítulo 1 o de Personal consigna 4.214,1 millones de euros, el 14,5 % más para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, conforme a la normativa básica dictada por el Gobierno de España. Este aumento en la nómina no será de aplicación ni al presidente de Castilla y León ni al resto de miembros de su Ejecutivo, que la verán congelada.

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