
El vicepresidente y consejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha mantenido una reunión este lunes con representantes de los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos sobre la candidatura de León como sede del Centro Europeo de Ciberseguridad.
Al encuentro estaban invitados el resto de formaciones -PSOE, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox- que "no han podido asistir" aunque recibirán la documentación este mismo lunes.
En la reunión, Francisco Igea, que ha participado con el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, ha compartido el dosier que la Junta ha elaborado para respaldar e impulsar la candidatura de León como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad.
A la reunión convocada solo han acudido representantes de los dos partidos que forman el Gobierno regional, Salvador Cruz por parte del Grupo Parlamentario Popular y David Castaño, de Ciudadanos. El resto de partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y que no han podido asistir a la cita "van a recibir hoy mismo la documentación elaborada por el Gobierno autonómico".
En cualquier caso, Francisco Igea ha subrayado que "todos" apoyan esta candidatura "con todas las fuerzas" y ha instado a los partidos a utilizar a sus grupos en el Parlamento Europeo para intentar "empujar entre todos" para que León sea "una candidata firme" y tenga "opciones en este proceso".
"Hasta el último día"
El vicepresidente ha mostrado su confianza en que en las próximas semanas la candidatura de León avance en el proceso, y, aunque reconoce que hay "muy buenos" rivales y que el trabajo será "difícil", se trabajará "hasta el último día" para que este centro se instale en Castilla y León.
En días pasados, han recordado las mismas fuentes, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior remitió este borrador de dosier a una veintena de instituciones y colectivos de la sociedad civil leonesa para obtener sus sugerencias. Una vez recabadas las aportaciones de formaciones políticas, agentes sociales y económicos, el documento definitivo será trasladado al Gobierno de España.