Valladolid
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un techo de gasto para el año que viene de 10.980 millones de euros, un 14,6% más que el de 2018, último año con presupuesto. La Junta prevé que la economía crezca en 2021 un 7,5% por ciento, insuficiente para amortiguar el desplome del PIB del 10,1% este ejercicio. La deuda crecerá hasta el 23,7%.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves los principales datos macroeconómicos del próximo año en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado el límite de gasto no financiero (techo de gasto), que será enviado a las Cortes de Castilla y León, y que es la base para la elaboración de los presupuestos.
El Ejecutivo regional prevé este año por el Covid un descenso del PIB del 10,1%, el mayor nivel de caída de la historia reciente y "el de mayor impacto de una recesión sufrido nunca ya que se pierde uno de cada 10 euros de producción", ha dicho Carriedo. La tasa de paro en 2020 se situará en el 14% con una caída del empleo equivalente a tiempo completo del 6% "una cifra tremenda".
El próximo año, Carriedo avanzó un crecimiento económico del 7,5% "que no compensa la caída de este año, por lo que no habrá tasas de crecimiento del PIB a niveles comparables a 2019 hasta 2022", ha señalado el consejero.
En 2020 las cosas en materia laboral no mejorarán sustancialmente, ya que el empleo solamente crecerá un 2,8% "ni siquiera la mitad de lo perdido", ha añadido Carriedo. La tasa de paro apenas retrocederá una décima.
En cuanto al capítulo de ingresos, las previsiones de la Junta prevén la llegada de 6.759 millones del modelo de financiación el próximo año, 170 menos que lo recibido en 2020, ha denunciado Carriedo. Los fondos europeos crecerán un 0,8% sin incluir los Next Generation. Las transferencias crecerán un 15,7% hasta alcanzar los 734 millones.
En cuanto a los ingresos por los tributos propios y cedidos, caerán un 7% respecto a 2018. En 2020 la caída de la recaudación ha sido del 20% por el aplazamiento de pagos y la caída de la actividad. "En ningun caso la estrategia para compensarlo será subir impuestos", aseguró Fernández Carriedo.
De esta manera, a los ingresos no financieros -10.318 millones- habrá que sumar los 634 millones por el déficit autorizado, del 1,1% del PIB, y los ajustes de Contabilidad Nacional (28,6 millones). La deuda se situará en un 23,7%, muy por debajo de la estimada para el país.
La previsión es presentar el proyecto de presupuestos a finales de noviembre, pero vendrá determinado por los datos que vengan del Estado.