Castilla y León

La Junta de Castilla y León pide 15 años de cárcel para los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández

Rafael Delgado en una de sus comparecencias en los juzgados
Valladolid

Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León han formulado las conclusiones provisionales de acusación en el caso "Perla Negra", en las que solicita casi 20 años de cárcel para ocho imputados, entre ellos los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes pide 11 y 4 años, respectivamente.

Cuando está a punto de conocerse también el escrito del Ministerio Fiscal, los Servicios Jurídicos de la Junta han tomado ya la iniciativa para anunciar el suyo propio, en el que además piden para los acusados multas por importe de 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil en favor de la Administración Autonómica que suma 16.300.000 euros.

El procedimiento judicial penal se inició mediante las Diligencias Previas 5035/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, por denuncia de la Fiscalía Provincial de Valladolid, sobre si determinados cargos de una concreta empresa pública (Gesturcal), del sector público de la Comunidad de Castilla y León, habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, en el caso conocido como "Arroyo y Portillo".

Tras la personación de la Junta de Castilla y León en mayo de 2016, ahora la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia ha dado cumplimiento al auto de febrero de 2019 del Juzgado de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid, formulando las conclusiones provisionales de acusación.

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, a través de un comunicado recogido por Europa Press, señala que el interés que persigue la Junta de Castilla y León en este proceso es "el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica", exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer, y también la civil, de éstas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100% del accionariado de la empresa pública.

"A título personal"

González Gago remarca que los Servicios Jurídicos, en su acusación, han hecho hincapié en que, en este caso, las presuntas actuaciones ilícitas las han cometido sólo dos personas del sector público, en clara alusión, sin mencionarlos, a Rafael Delgado y Begoña Hernández, "y lo han hecho a título personal, en ningún caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino como cargos directivos de una empresa pública, que tiene forma de sociedad anónima, y que actúa normalmente en el mercado sujeta al derecho privado".

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