Valladolid
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el impuesto a los residuos radioactivos de la central de Garoña, con el que la Junta de Castilla y León recauda 10 millones anuales. El Alto tribunal sin embargo no lo paraliza.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la ley medioambiental regional, 6/2018, de 13 de noviembre, que modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, entre los que se encuentra el almacenamiento de los residuos radioactivos de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), así como por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad en materia de tributos propios y cedidos.
Doble imposición
El Gobierno considera que la ley impugnada incluye un nuevo hecho imponible, lo que genera una "doble imposición". En el recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo "no invoca los artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que no procede la suspensión de la vigencia del precepto legal impugnado".
El Tribunal ordenó que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes. La sentencia que se dicte en su día la redactará el magistrado ponente Andrés Ollero.
