Castilla-La Mancha cuenta con un total de 11.397 viviendas de titularidad pública, 2.891 de las cuales pertenecen a la empresa pública Gicaman como Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler con opción a compra o compraventa; y otras 8.506 propiedad de la Consejería de Fomento y destinadas a vivienda social.
El portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, ha explicado que de las 2.891 viviendas de Gicaman, "muchas de ellas están finalizadas pero sin adjudicar, bien por vandalismo o simplemente por una falta de uso al haber estado paralizadas y haber permitido el deterioro".
De este montante, "417 viviendas no están adjudicadas por el abandono de los últimos cuatro años". De estas, según ha dicho, 120 han sido reparadas en los últimos nueve meses y 84 se han entregando a nuevos propietarios en régimen de alquiler con opción a compra, "con rentas asequibles y precios ajustados al mercado".
De las viviendas de la Consejería de Fomento destinadas a fines sociales, "solamente 22 cumplían unos mínimos estándares de habitabilidad, y el 92% tenían daños y desperfectos". En los últimos meses, ha dicho, 150 han sido rehabilitadas y solo quedan 10 por adjudicar.
Hernando ha puesto el acento en que esta Consejería "también está actualizando la bolsa de demandantes, ya que se encontraba obsoleta tras años de abandono".
Ha recordado igualmente que los presupuestos de la región "contemplan 1,3 millones para continuar con la reparación de viviendas sociales, un 30% mas que el presupuestado en 2015".
En total, en políticas de vivienda, son 38,7 millones de euros en los que se incluye el Plan de Vivienda Estatal.
En este sentido, el portavoz castellano-manchego ha subrayado que desde la región se va a exigir al Gobierno de España que, "pese a su interinidad, modifique el Plan de Vivienda Estatal y confirme que va a continuar más allá del año 2016".
