
Transcurrido un año desde la concesión de la licencia y su prórroga, las obras para la construcción del centro comercial San Bartolomé en Donostia-San Sebastián no se han iniciado. Es por eso que la Plataforma San Bartolomé y el grupo municipal de Elkarrekin Donostia han exigido "la caducidad de la licencia" a New San Bartolomé SL, alegando que "no proceden más prórrogas, porque no existe justificación que la motive".
Ambos colectivos denuncian que la sociedad San Bartolomé Munioia "incumple de manera flagrante las condiciones legales establecidas", por lo que, "tanto la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco como la Ley de Transparencia prevén que en estos casos la licencia quede caducada sin derecho a indemnización".
Es por eso que el proyecto para la construcción de este centro comercial en Donostia-San Sebastián podría paralizarse desde el Ayuntamiento, que se plantea solicitar a la sociedad público-privada San Bartolomé Muinoa la rescisión del precontrato que firmó con Midfield Capital para la venta de los terrenos bajo el cerro de San Bartolomé y por el que este fondo se comprometió a iniciar las obras en el otoño de 2024 con una inversión de 50 millones de euros.
Dicho suelo, valorado en 2014 en 12 millones de euros, se vendió para acometer una actuación que incluía la construcción de un hotel (Catalonia) y de un bloque residencial en la esquina de Easo-Lizarra que ya han sido ejercutados, y para la edificación de este centro comercial con parking subterráneo de cuatro plantas y 270 plazas aún pendientes.
Crisis económica y deuda
Este plan fue aprobado por el Consistorio con el objetivo de sanear las cuentas de San Bartolomé Munioia, que tras acometer un proyecto de regeneración de la zona con la construcción de vivienda libre, no vio cumplidas sus expectativas de ventas por la crisis económica y contrajo una deuda de 100 millones de euros.
Ahora será el consejo de administración de esta sociedad, con un 37% de participación municipal y un 63% perteneciente a constructoras e inmobiliarias privadas, quien decida si acepta la revocación del contrato. De ser así, el fondo de inversión fundado en 2017 por Robert Nieto, Midfield Capital, y en el que participan empresarios vascos, podría no aceptar las contraprestaciones que se le ofrezcan y, en ese caso, serían los tribunales quienes saldarían la operación.
"El pasado mes de abril, el propio alcalde anunció públicamente la renuncia al proyecto y la apertura de negociaciones para rescindir el contrato, pero hasta la fecha se ha negado a hacer público su contenido, generando aún más desconfianza entre la ciudadanía", ha señalado el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, quien ha recordado que desde el inicio de este proceso, su grupo municipal viene reclamando "transparencia y el respeto a la legalidad urbanística".
El representante de la Plataforma San Bartolomé y exalcalde de la capital guipuzcoana, Odón Elorza, por su parte, ha subrayado que "no proceden más prórrogas de la licencia porque no existe justificación que la motive" y ha advertido de que "una nueva concesión sería un escándalo político y social".