Madrid
Llegó hace cuatro años desde EY para liderar el área de reestructuraciones de Alvarez & Marsal. Mikel Ortega (Bilbao, 1976), 'managing director' de la firma de servicios profesionales, atiende a 'elEconomista.es' para abordar los efectos que los cambios en la Ley Concursal están teniendo sobre las compañías.
Octubre fue un mes récord en concurso de acreedores y hubo un freno en el número de reestructuraciones. ¿A qué se debe?
Hay un efecto estacional claro en los concursos. A la vuelta del verano se activan más expedientes. Un menor número de planes de reestructuración se debe, en cambio, a la desaparición del efecto novedad y a una estabilidad en la utilización de las nuevas herramientas. Lo que seguimos viendo es que a día de hoy estos planes los siguen iniciando la compañía y no los acreedores, excepto en raras ocasiones. Esto provoca que no haya mayor dinamismo. Estoy convencido de que no hay una buena utilización de la masa de acreedores de las facilidades de la nueva Ley Concursal. El hecho de que los acreedores puedan iniciar un plan de reestructuración da mucha flexibilidad a los procesos y un abanico mucho más amplio de alternativas que se han visto hasta ahora, pero la banca tradicional está reacia a activar estas opciones por temas reputacionales. Cuanto más tardes en iniciar el proceso se produce un mayor deterioro del negocio y de la relación de la compañía con el resto de 'stakeholders' que en muchas ocasiones llega a ser irreversible.
Entiendo que esto no se ha traducido en un efecto anticipatorio
No se ha producido a no ser que la masa de acreedores sea de otra tipología que no sean banca, sino fondos. Es una pena que cuando se inicien estos procesos se haya perdido un tiempo maravilloso para preservar el valor de la compañía.
Ha habido casos como el de Celsa que han sido paradigmáticos, pero con el paso del tiempo han quedado como casos aislados.
Ha pasado a ser anecdótico. A día de hoy vemos que quien inicia el plan de reestructuración tiene muchas más posibilidades de salir adelante que su competidor. Si la compañía mueve antes ficha, por mucho que los acreedores presenten un plan competitivo, la probabilidad de que salga adelante la primera opción es mucho mayor, a no ser que incluya fallos graves en la elaboración del plan. Independientemente de luego del resultado, que a efectos de lógica pueda no tenerla, la sensación que tenemos es que los jueces no entran en profundidad en los aspectos sobre los que se elabora el plan. La justicia se está inclinando por garantizar la continuidad y los puestos de trabajo sin entrar a valorar si la formación de clases es correcta o lo mismo con su categorización. Lo que se ha presentado se ha aceptado y es lo que nos lleva a día de hoy a pensar que esa herramienta de anticipación es claro.
¿Qué sectores y tamaños de empresas se están viendo más afectados?
A nivel sectores están prácticamente todos afectados por igual. Hubo un momento en el que las pesqueras parecía que entraban en concurso todas, una detrás de otra. El sector industrial está también muy expuesto, sobre todo aquellos con un componente de mano de obra intensiva en recursos fabriles, al igual que el sector de ingeniería. En cuanto a tamaño, vemos más afectación en el middle market o en la parte baja. Si analizamos compañías más grandes vemos raras excepciones y casos muy contados.
¿Quizá por un mayor poder de negociación con los acreedores?
Su capacidad de influencia a nivel territorio es muy amplia. Si hay una ingeniería en Asturias que factura 1.000 millones de euros para la región es un cliente extraordinario. Para las entidades financieras igual; pocas entidades habrá que utilicen líneas de circulante y otras líneas. A la hora de acometer una reestructuración de este tipo este factor pesa para tomar una decisión y sus múltiples variables, desde si acometer un proceso formal o si hacer público el proceso.
Nuevas reglas de juego. La formación de clases, mayorías y el arrastre. ¿Son el gran quebradero de cabeza de esta ley?
Esta es la gran herramienta y a la vez la gran amenaza de la nueva Ley Concursal. La formación de clases no está delimitada, sino que da lugar a interpretaciones. Lo que estamos viendo es que ahora mismo la compañía se apoya en asesores que diseñan una estrategia cuyo único pilar fundamental es lograr la formación de clases para sacar el plan adelante. No se tiene en cuenta la viabilidad o el sentido común. Se inician los planes desde una óptica estratégica pura, dejando la óptica financiera en un segundo plano. Es un absurdo, debería ser al revés. Hemos visto casos en los que con un 17% de consenso en el pasivo se ha podido sacar adelante un plan adelante. También existe mucha discusión en el tratamiento de los créditos públicos y en qué rango concursal tienen frente al resto de acreedores. Vemos que el juez no rebate lo que se presenta y entra únicamente a validar si las sumas de mayorías son correctas.
La nueva ley ha dado lugar a una nueva figura: el experto en reestructuraciones. Se ha hablado de intrusismo. ¿Qué ha sucedido?
Alvarez & Marsal es experto en reestructuraciones y es independiente. Tenemos claro que nuestro rol es velar por la viabilidad de la compañía, más allá de desde qué lado nos propongan y designen. Pero lo que vemos es que en la práctica la compañía hace su nombramiento y viene sesgado en muchas ocasiones. Por el lado de los acreedores, sucede lo mismo. Esto atenta contra el rol del experto.
Hemos visto reestructuraciones en las que incluso se han nombrado dos expertos. ¿Son casos anecdóticos o puede convertirse en una tendencia?
Se va a seguir dando, si bien se tienen que dar varios factores. Uno de ellos es que haya distintos perímetros y también que los intereses de los acreedores en cada uno de ellos sean distintos. Hemos visto algún caso complejo como el de Losán. En casos sencillos no da cabida a que haya varios expertos.
La oposición de los planes de reestructuración se traduce en impugnaciones. ¿Qué efecto están teniendo?
Hay que mirar caso por caso. Es cierto que las impugnaciones en su mayor número no han seguido adelante, aunque en un número muy concreto sí lo han hecho. Las impugnaciones están vinculadas con los vacíos de la ley en torno a la formación de clases o al derecho de prelación de cobro y no tanto a la matemática financiera, es decir, a cuánto tiempo se tiene que repagar.
¿Qué papel están teniendo las entidades públicas en los planes de reestructuración?
Haría una distinción entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el resto. Los institutos locales de finanzas sí que votan estos planes, a favor o en contra. Con el ICO de por medio el proceso se complica, porque es inmóvil.
La SEPI concedió 3.000 millones de financiación con el Fasee y Cofides 889 con el Fonrec. ¿Qué actitud están teniendo en las reestructuraciones?
De SEPI no hemos tenido todavía ningún expediente, pero de Cofides sí. Tenemos un potencial problema que se está empezando a ver. Su estructura de préstamos -un tramo ordinario y otro subordinado-, pero ahora estamos viendo en la formación de clases mucho conflicto en su interpretación. Cofides asume que parte de este tramo tiene carácter público y, por tanto, tiene mayor prelación.
¿Para 2025 se espera algún tipo de cambio?
Desde el inicio de la pandemia cualquier apuesta ha sido errónea. La realidad es que hay un sobreendeudamiento muy importante en el tejido empresarial y la coyuntura económica, marcada por una subida de tipos, no ha ayudado. Ha habido una tormenta perfecta que invitaba a pensar que el número de planes se incrementarían de manera muy notable. Ahora el tipo de interés está a la baja y es un alivio para la cuenta de resultados. Pero nos encontramos ahora con una crisis de demanda generalizada por sectores que se traduce en un crecimiento limitado de los ingresos de las compañías.
