El paciente está anestesiado, pero el fin de los efectos de las ayudas públicas animará el mercado de reestructuraciones con el capital privado jugando un rol cada vez mayor en los futuros procesos. La política expansiva de ayudas que ha mantenido a flote el tejido empresarial español, disimulando algunas patologías, aguarda el momento de dar la cara. Hay empresas todavía en el limbo que, bajo esa anestesia, viven momentos complicados y esperar demasiado puede ser una receta fatal para su continuidad y supervivencia.
Entre tanto, un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal los inversores hacen balance y recuerdan su doble objetivo: agilizar los procedimientos concursales y asegurar la viabilidad de las empresas. El cambio de paradigma normativo abre la puerta a más oportunidades para los fondos de capital privado y direct lending y da pie a estrategias novedosas que preserven el valor de las empresas españolas.
El vencimiento de las financiaciones públicas y la cautela de la banca harán necesario que el capital privado ofrezca soluciones vía capital o deuda. Este contexto fue analizado durante la II Edición del 'Foro Empresarial: La nueva Ley Concursal, un año después: balance, retos y oportunidades', que aglutinó a inversores de diversa tipología y con extensa trayectoria en el mercado español: algunos de los primeros espadas del private equity y la deuda privada para trasladar sus análisis e impresiones.
Luis Martín, miembro de la junta directiva de ASPAC y socio de Abencys, reconoció que a pesar del contexto, y un año después de la entrada en vigor de la ley, aún no se divisan grandes cambios y el número de concursos se mantiene. "Su número depende, en gran medida, de la evolución del PIB y la moratoria ha generado un retraso. Los juzgados, además, no están organizados porque hay empresas que piden amparo a la ley y se tarda entre seis y siete meses", analizó el experto.
La premisa de Martín fue compartida por su colega de mesa, Alexander Wit, socio fundador de PHI Industrial Partners. "La realidad es que no se ven procesos más rápidos con la nueva ley. Hay pocas oportunidades de que en tres semanas se pueda cerrar una operación... En Inglaterra o Alemania en unos veinte días tienes resuelta la situación", apostilló.
Por su parte, Manuel Roca, socio fundador de NK5, incidió en la situación macroeconómica y en cómo las ayudas públicas han anestesiado la economía y el tejido empresarial. "Vemos que la caja ha sido abundante durante las sucesivas crisis que se han vivido, pero se está acabando. Pensamos que habrá más compañías en situación delicada y que la anticipación será clave", espetó. Para explicar la importancia de la anticipación ante un concurso de acreedores, este experto recordó el caso Celsa, asegurando que la sentencia "ha sido un aviso a navegantes y ha creado un caldo de cultivo para más operaciones y ha resuelto dudas de forma solvente".
Otro factor en juego es la falta de cultura financiera. "No anticiparse en declarar concurso lleva a las pymes a situaciones límite que no acaban bien. La nueva ley empieza a sentar jurisprudencia y debe demostrar que anticiparse es bueno para todos y evita la destrucción de valor", señaló Luis Sanz, CIO-director de inversiones de Atitlan. A estas palabras, Max Gosch, director de inversiones de Landfair para Europa, apuntó que "estamos en un momento de divulgación y educación, pero el impacto macroeconómico y las subidas de tipos también están estresando las compañías".
Dentro de este contexto, las compraventas de unidades productivas está siendo una vía menos transitada de lo esperado, en un contexto de última oportunidad antes de la liquidación. "Hacemos un seguimiento de empresas y vemos cuáles están más apalancadas. Ahora tienen más deuda que antes de la pandemia y el coste de financiación es más caro que antes del Covid. La empresas necesitan dinero y ya no solo vale la refinanciación y que funcione el negocio, si no que terceras partes entren con dinero y ello implica reestructuración", dijo Roca.
Operaciones exitosas
Dentro del elenco de expertos que ha conseguido reunir eleconomista.es, gracias al patrocinio de Deloitte, Gómez- Acebo & Pombo, Gordon Brothers, Kroll, Marsh, Norgestion, Santander y la colaboración de ASPAC, ha habido casos recientes de éxito en la entrada de capital privado para reflotar una empresa.
Wit, de PHI, dueño de Lladró y Bluesun en España, analizó su última inversión en España: la toma de control de Compañía del Trópico, dueña de Café & Té y Panaria, tal y como anticipó elEconomista.es. "El fondo Kartesia capitalizó deuda y se quedó con la empresa, pero necesitaban dinero nuevo y entramos nosotros. Tomamos el control mediante una ampliación de capital", afirmó el experto.
En el caso de Sanz, Atitlan ha lanzado una oferta de compra vinculante por la unidad productiva de Tastia Group, el grupo de restauración dueño de la cadena de restaurantes Muerde la Pasta. "Nuestra visión es a largo plazo, pero lo primero es estabilizar la compañía y luego impulsar el crecimiento. En estos momentos la operación está a la espera de su aprobación", explicó.
NK5, por su parte, ha cerrado la adquisición del grupo de salud capilar Svenson en una de las primeras compraventas de unidades productivas bajo la nueva ley. "No podemos decir que fue ágil por la ley porque tardamos ocho meses. La compra de una unidad productiva es un proceso duro y complejo donde debe primar el consenso. La unidad de negocio tiene mucho potencial pero que valía cero", recordó el directivo antes de rematar que "el proceso no ha sido muy diferente a los anteriores pese a cerrarse bajo la ley actual".
En este sentido, el miembro de la junta directiva de ASPAC, Luis Martín recordó que "las compraventas de unidades productivas se podían hacer con el articulado anterior de la ley, pero es verdad que había disparidad en los juzgados. Ahora la práctica está más de moda", remató.
Tras la anestesia por las ayudas públicas, el mercado de reestructuraciones divisa un 2024 y un 2025 de mayor actividad. Una de las estrategias de PHI consiste en la compra de divisiones de multinacionales. Sin embargo, hay también hay retos, ya que la competencia es fuerte. "En estos procesos hay ventajas, como el hecho de no tener que hablar con bancos, y partes duras, por la competencia de los grupos industriales. Los fondos estamos en desventaja porque este tipo de socios pueden generar más sinergias con la compañía a adquirir", dijo.
La reforma de la ley concursal aporta seguridad jurídica al inversor y sitúa a España al mismo nivel que los principales mercados europeos. Esta es un a de las conclusiones del debate, donde los ponentes analizaron las bondades de la norma. A pesar de que pueda existir margen de mejora el mensaje fue unánime: la lectura es positiva.
"La gran ventaja es que hay un marco que se puede ejecutar y si se ejecuta bien se salvarán empresas", dijo Wit. Para Martín, lo fundamental del nuevo articulado es que "moderniza el sistema financiero y facilita las reestructuraciones o refinanciaciones". De hecho, el ponente expuso precisamente dos procesos, Gallardo y Celsa. Para Manuel Roca lo esencial de la ley es su espíritu. "Ahora las reestructuraciones se centran en el valor. Favorece un aspecto clave como la anticipación y se busca el consenso en el proceso. Una opinión compartida por Luis Sanz, quien añadió que "pone el foco en la continuidad de la actividad".
Por último, cerró el debate moderado por Rocío Casado, directora de la Revista de Capital Privado en elEconomista.es, Max Gosh, al frente de Landfair en Europa. "La principal ventaja que vemos son los plazos que otorga la nueva norma y la capacidad de anticiparse. Preserva el empleo y evita buscar una solución en el último segundo con el ambiente demasiado tensionado", dijo. Todos los ponentes coincidieron en un mensaje: la necesidad de elevar la cultura financiera del empresario. En numerosas ocasiones, los propietarios de algunas pequeñas y medianas empresas todavía aguantan demasiado ante una situación de posible insolvencia, circunstancia que complica que el proyecto sea finalmente viable.
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