Barcelona
Tres años después del cierre masivo de gimnasios por el coronavirus, DiR pretende dar por superada la pandemia este 2023. La compañía aspira a superar las ventas de 2019, de 50,3 millones de euros, y volver a crecer con una decena de aperturas. El papel de la Generalitat y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) fue clave para resistir el golpe de 2020; y ahora la administración pide a la cadena a normalizar su situación patrimonial con la entrada de un nuevo inversor y ordenando el estado de su deuda.
Avançsa, la sociedad que agrupa las participaciones industriales de la Generalitat, inyectó 2,6 millones a la compañía de la familia Canela en 2021. Lo hizo con una hoja de ruta clara: servía para dar solvencia a la empresa y aliviar las tensiones de tesorería, pero a cambio DiR debía resolver los problemas que arrastraba ya antes de la crisis sanitaria.
Una vez amortizado el golpe, la entidad dependiente del Departament d'Empresa pide a Ramon Canela, consejero delegado y fundador de los gimnasios, la entrada de un socio en el capital. La firma ya estuvo en el radar de fondos de inversión en el pasado, que trataron de hacerse con ella por poco dinero debido a la deuda acumulada. Sin embargo, el dirigente siempre tuvo el favor de la banca, que refinanció el pasivo cuando lo pidió. La última vez fue en febrero de 2022, cuando alargó los vencimientos de 6,1 millones.
La Generalitat quiere que DiR ponga orden a su deuda, principalmente en manos de clientes
La Generalitat pidió a la dirección que también explorase la opción de fusionarse con algún otro operador del sector del fitness con presencia en Cataluña.
Sin embargo, la mayor preocupación del Govern es la deuda que DiR arrastra desde hace años. Y no precisamente la bancaria. La empresa tiene bonos por valor de 11,5 millones con rentabilidades que ya rondan el 6% y que refinancia una y otra vez. Están en manos principalmente de clientes, que los adquieren también por ahorrarse la cuota del gimnasio.
Avançsa quiere poner orden a esta situación y por ello quiere que estos obligacionistas pasen a convertirse en accionistas preferentes o los bonos se transformen en préstamos participativos.
Además, la organización tiene un crédito de 3,8 millones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La cadena, que cuenta 66 centros franquiciados y 20 gimnasios propios, no solo pidió ayuda a la Generalitat durante la pandemia. Trató de solicitar un rescate a la Sepi por 25 millones de euros –la cifra mínima-, pero la cantidad era muy superior a sus necesidades. La sociedad estatal también rechazó la petición de Holmes Place.
La relación de DiR con el Ejecutivo catalán
Finalmente, sí logró un préstamo participativo de Avançsa con vencimiento a cinco años. La Generalitat siempre dijo públicamente que no pretendía entrar en el capital de la empresa por lo que, si la organización no puede devolver el dinero y debe convertir la deuda, firmó un acuerdo que obliga a la compañía a comprar su participación en un plazo máximo de dos años.
No se espera que haya conflicto, pues las relaciones entre el Govern (principalmente con Convergència) y los gimnasios siempre estuvo bien engrasada. La familia Canela controla el 85% del capital, pero entre los minoritarios figura Josep Pujol Ferrusola –hijo de Jordi Pujol-, que tiene un 3%. Además, su madre, Marta Ferrusola, fue durante años la presidenta de la fundación DiR.
El pasado otoño, DiR fichó a Gerard Figueras, exsecretario general de Deportes y Actividad Física de la Generalitat, como nuevo subdirector general tras la salida de Junts per Catalunya del Ejecutivo.
Estos vínculos provocaron las críticas de los Comuns en el momento del rescate. "El señor Ramon Canela fue secretario de Deporte con CiU, es también expareja de una diputada actual de Junts, Pilar Calvo, y tiene vínculos históricos con la familia Pujol", denunció el portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena.
