Canarias

Los plataneros de Canarias piden clemencia comercial a Bruselas

Las Palmas de Gran Canaria

Los productores de plátano denuncian en Bruselas su situación tras los cambios de la Ley de la cadena en España. Para la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), algunos de esos cambios normativos "son contrarios a la legislación comunitaria y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea (UE) que la interpretan", según figura en un resumen de la denuncia que ha remitido a la CE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reiterado que "no hay ninguna razón objetiva para que el plátano canario quede excluido de la ley de la cadena", que "persigue evitar la destrucción de valor, así como determinadas prácticas comerciales desleales, además de aumentar la transparencia en el mercado".

En concreto, se refiere a los artículos introducidos para prohibir la venta a pérdida a lo largo de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es, en parte, que el precio mínimo de venta en el campo nunca sea inferior al coste efectivo de producción. A su juicio, esta medida "impide a los productores negociar libremente el precio de sus contratos" e impone la obligación de acreditar costes en ellos, lo que permitiría a los operadores con los que negocian tener una referencia que, "en circunstancias de mercado favorables, podrían negarse a mejorar".

"Desde febrero de 2020, Asprocan viene argumentando que la Ley de medidas urgentes para la cadena promulgada por el Gobierno de España era tremendamente negativa para este sector, ya que bloquea una correcta comercialización del plátano de Canarias e impide que del orden del 30 % de la producción pueda ser comercializada", ha asegurado su presidente, Domingo Martín.

La actual regulación "nos arrastra a la práctica desaparición del sector", ha señalado, tras afirmar que la nueva redacción de la Ley de la cadena -que aún está pendiente de nuevas modificaciones para transponer la Directiva 2019/633-, "nos entrega a los brazos de la banana", el producto de terceros países con el que compiten.

Ha lamentado que, "tras meses negociando con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación", su titular, Luis Planas, haya "faltado a su palabra", ya que en su visita a la isla de La Palma esta primavera "se comprometió a tratar de resolver y encontrar una solución" para el plátano canario. Asprocan reclama una excepción a la obligación de reflejar los costes en los contratos con otros operadores, una medida que ha sido respaldada por unanimidad por el Parlamento de Canarias, para que así los productores puedan ser capaces de fijar el precio del plátano de acuerdo con las variables de oferta y demanda.

Como ejemplo, el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres, ha apuntado que el Gobierno de Francia ha introducido en su legislación sobre la cadena alimentaria -"que también prohíbe la venta a pérdidas"- "excepciones a favor de las regiones ultraperiféricas" del país. Cáceres ha subrayado que la denuncia "no ha sido una decisión sencilla de tomar, ya que hemos tratado de apurar las opciones de acuerdo".

El gerente de Asprocan ha expresado su confianza en que la solución pase por que el texto definitivo de la Ley de la cadena española recoja el contenido de las dos enmiendas de partidos políticos que la Comisión de Agricultura del Congreso tiene sobre la mesa y que defienden excepciones en su aplicación para el plátano canario.

"La segunda vía para solucionar la situación es la que abrimos ayer con la denuncia ante la Comisión", ha precisado. En su opinión, si Bruselas considera que hay una infracción de Derecho de la UE en la Ley de la cadena puede enviar al Gobierno español un dictamen motivado, conminándolo formalmente a corregir la legislación, o, incluso, llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE para que declare la infracción.

Posición del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reiterado que "no hay ninguna razón objetiva para que el plátano canario quede excluido de la ley de la cadena", que "persigue evitar la destrucción de valor, así como determinadas prácticas comerciales desleales, además de aumentar la transparencia en el mercado". "Esta normativa ofrece flexibilidad en cuanto al cálculo del coste efectivo de producción (CEP) y, en el caso de un contrato de suministro continuado (por un año), no hace falta que cada plátano que se venda esté por encima del coste efectivo, sino que el conjunto de todas las entregas sí tenga un valor que cubra el CEP", han añadido las mismas fuentes. Agricultura ha precisado que esta Ley "no pretende que parte de la producción se quede sin comercializar", sino que persigue que los agricultores obtengan más valor por sus producciones. "Pedir una excepción para el plátano sería pedir que los productores puedan destruir valor de forma sistemática, lo cual no es sostenible a largo plazo y perjudica al eslabón más débil", han remarcado.

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