Las Palmas de Gran Canaria
Los socios nacionalistas de Canarias han dado un margen de tiempo al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para reconducir las diferencias que tienen a cuenta de los cambios ejecutados en el REF de las islas y que van ya rumbo al Tribunal Constitucional. En 1992 el PSOE gobernaba en las islas y fue censurado por sus socios nacionalistas precisamente por alteración del REF. 26 años tardó en recuperar la presidencia regional. Román Rodríguez ha pedido formalmente al PSOE una reunión para analizar el pacto que mantiene con los socialistas en la islas y Madrid.
De momento, Nueva Canarias ha pedido esa reunión de la mesa de seguimiento del pacto NC y PSOE "y dependiendo de lo que ocurra en esa reunión tomaremos las decisiones correspondientes", dijo este mes de julio Pedro Quevedo, diputado por Las Palmas, que agregó: "nosotros no nos vamos a quedar tranquilos con este tema". Alertó que al igual que en los incentivos a la producción audiovisual puede seguir con otros incentivos como el transporte. "Lo que puedo asegurar es que esto no se va quedar así", dijo el líder de NC.
Quevedo ha apuntado que el PSOE en Madrid "ignora" los incentivos fiscales a las producciones audiovisuales de las islas "y la esencia de todo esto" es que "es nuestro fuero". "Incumplen el apoyo de Nueva Canarias a la investidura de Sánchez y ellos no han cumplido", dijo Quevedo lamentando que PSOE y Podemos en Madrid apoyan una cosa "por su estructura piramidal" y en Canarias otra.
"Esto no es mucho dinero, pero es un problema de derechos, y en Madrid hay alguna mano negra", dijo Quevedo. El dinero que mueve ese sector es mínimo pero es el hecho de tocar la herramienta legal que garantiza el hecho diferencial de las islas lo que ha generado críticas desde el propio Gobierno de Canarias al PSOE. El partido responsable de gestionar la defensa del REF es la formación nacionalista Nueva Canarias; pero los socialistas isleños han preferido mantener perfil bajo en cuanto a responsabilidades.
El Gobierno canario ha estimado este julio que hay motivos para acudir al Tribunal Constitucional en contra de las normas estatales que regulan las actividades cinematográficas, pero, antes de hacerlo, ha reclamado la reunión urgente de la comisión bilateral Estado-Canarias. Esta decisión se toma después de que el pleno del Parlamento de Canarias aprobase en junio pasado por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80 por ciento.
Un informe preceptivo que el Parlamento canario emitió a petición del Senado porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en ese punto el Régimen Económico y Fiscal. La respuesta negativa del Parlamento de Canarias supone que la tramitación de esa normativa queda de momento paralizada. Ahora el Gobierno de Canarias ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta (PSOE), la reunión urgente de la comisión bilateral, antes de recurrir al Tribunal Constitucional.