
Marruecos ha rechazado una solicitud de la Unión Europea para recuperar a ciudadanos de terceros que llegan a Europa desde el reino del norte de África. La comisaria de migración de la UE, Yiva Johansson, visitó Rabat esta semana para buscar un acuerdo de readmisión que permita al bloque de 27 naciones devolver a los migrantes a Marruecos ante un aumento en las llegadas a Canarias. La solicitud fue rechazada, dijo el ministerio marroquí según el diario árabe 'Al Wassat'. "Marruecos no está en la lógica de la subcontratación e insiste en que cada país acepta su responsabilidad hacia sus ciudadanos", dijo por correo electrónico el jefe de control de fronteras y migración marroquí del Ministerio del Interior, Khalid Zerouali.
Marruecos readmite una media de 15.000 de sus propios ciudadanos que son enviados a casa por la UE cada año. También acordó en 1992 aceptar a terceros nacionales de Ceuta y Melilla, siempre que sea dentro de las 24 horas. Marruecos ha impedido que 32.000 personas crucen a Europa, ubicado a tan solo 14 kilómetros de distancia a través del Estrecho de Gibraltar, este año, dijo Zerouali. Eso se compara con 74.000 intentos el año pasado.
Las patrullas marroquíes más estrictas a lo largo de la costa norte y el efecto de los cierres fronterizos de COVID-19 han empujado a las redes de tráfico a cambiar sus rutas hacia las Canarias, dijo Zerouali.
El número de inmigrantes que llegaron ilegalmente a Canarias este año, 20.000, fue 10 veces mayor que el año pasado, según las autoridades españolas. Johansson dijo que se pensaba que la mitad de esas llegadas procedían de Marruecos.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha visitado Gran Canaria para interesarse sobre las condiciones de acogida de los inmigrantes llegados por vía marítima. Un equipo técnico de la oficina del Defensor del Pueblo inspeccionó por sorpresa el pasado 16 de noviembre el campamento de acogida de inmigrantes de Arguineguín, ya desmantelado y cuyo cierre requirió de forma "inmediata" días después por no reunir las condiciones debidas, como hicieron ONG internacionales como Human Rights Watch y el juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera.