Las Palmas de Gran Canaria
El pacto de reconstrucción económica y social para el archipiélago tras la pandemia del coronavirus, valorado en 14.250 millones de euros, tanto de la administración autonómica como del Estado, no se ha concretado. Las ayudas se están gestionando a cuentagotas y apenas hay plan concreto. Es lo que denuncian CC y PP.
La agenda inversora que reclama Canarias a Madrid es porque, como dijo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado mes de mayo, "hay que prepararse para la quiebra social y económica". Una de las incógnitas es si Canarias subirá el IGIC o aprovechará para aumentar su diferencial fiscal respecto al IVA. En las islas, entre parados y afectados por Erte, hay más de 450.000 personas de una población activa de 930.000 efectivos. Canarias tendrá un descenso del 30% en su PIB. Así, reclama a Madrid más de 5.500 millones de fondos a los que se sumaría 8.712 millones propios.
De acuerdo a la propuesta del pacto de reconstrucción, el Estado aportaría 3.600 millones de euros para préstamos a las empresas y autónomos, 984 millones para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 283 millones para inversión pública en infraestructuras y 232 millones para la Renta de Ciudadanía en las islas. El Gobierno debería conceder 84 millones de euros para políticas de apoyo a trabajadores autónomos, 70 millones destinados al apoyo de transporte de mercancías, 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias y 14 millones para el refuerzo de la capacidad sanitaria, entre otras partidas.
También se establece una partida de la administración autonómica de 1.008 millones para inversiones públicas en infraestructuras, 540 millones en concepto de aplazamiento de impuestos, 400 millones para la agilización de la inversión privada y 330 millones para préstamos a las empresas y los autónomos. Igualmente, se destinaría 44 millones a la Prestación Canaria de Inserción y seis millones al Ingreso Canario de Emergencia, como fondos más destacados.