Las Palmas de Gran Canaria
Coalición Canaria (CC) ha presentado un "plan de choque" por importe de 2.500 millones para afrontar la crisis económica y social abierta tras la pandemia de coronavirus y que duraría aproximadamente hasta mayo de 2022. El secretario general, José Miguel Barragán, y el senador Fernando Clavijo, han detallado que el documento ya se lo han remitido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), con el fin de alcanzar un "consenso" y que sus medidas se empiecen a aplicar de manera "urgente". Los dirigentes nacionalistas han detallado que este plan será un "compartimento" aparte del presupuesto general de la Comunidad Autónoma y la financiación procederá de 1.000 millones en créditos del ICO, otros 1.000 millones de la deuda de carreteras y 500 millones más de la parte del superávit que tienen los cabildos y los ayuntamientos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha advertido esta semana de que Canarias se enfrenta a una "reconstrucción" de su economía, no a una mera recuperación, por lo que son esenciales medidas de apoyo contra la desaparición de empresas y empleo. Santiago Sesé ha trasladado este planteamiento a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una reciente reunión telemática en la que participó con otros nueve dirigentes camerales y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.
En el encuentro, Sesé reclamó que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tengan "mayor flexibilidad y progresividad" y se prolonguen "mientras la actividad no se recupere por completo", para poder incorporar a los trabajadores de forma paulatina. "La reapertura de los establecimientos no significará automáticamente, ni siquiera a medio plazo, el restablecimiento de la actividad, por lo que las empresas tendrán que afrontar una situación marcada por la escasez de ingresos", ha expuesto Sesé.
La estrecha dependencia del turismo y el peso del sector servicios convierten al archipiélago en la región más expuesta al impacto de la crisis, ha agregado Sesé, y ha subrayado que los datos de afiliaciones a la Seguridad Social de marzo sitúan a Canarias con la mayor caída del país. Por eso, en su opinión, "la modulación de los ERTE puede contribuir a mantener el empleo" y evitar como hasta ahora que se produzcan despidos masivos. "Nada garantiza que cuando nosotros estemos en disposición de acoger clientes estos tengan la posibilidad de venir, bien sea porque en sus lugares de residencia persiste la incidencia de la epidemia o por el impacto de esta sobre sus economías", según Sesé.
También demandó a la ministra una suspensión temporal de impuestos a las empresas canarias y facilidades fiscales a los negocios, independientemente de su dimensión, además de eximir a los autónomos del pago de la cuota mensual mientras permanezca el estado de alarma y también en el mes posterior. Aplicar moratorias de pago sin costes financieros y bonificaciones por la renovación de créditos e hipotecas vinculadas a la inversión fueron otras de sus demandas a la ministra, así como fórmulas legales para que arrendadores y empresas arrendatarias compartan el "esfuerzo económico" de los alquileres. Sesé defendió además estímulos para recuperar la conectividad aérea, como bonificaciones en las tasas aeroportuarias.