Las Palmas de Gran Canaria
El espíritu emprendedor de los canarios, universalmente conocido desde el siglo XV, cuando el azúcar de los isleños cotizaba en la Bolsa de Amberes o tenían en el puerto de Garachico uno de los espacios clave para el libre comercio en el Atlántico, es inversamente proporcional a la capacidad de gestión de respuesta para generar riqueza de la antigua clase política nacionalista.
El Gobierno de Canarias actual, formado por una tetrarquía de socialistas, Nueva Canarias y morados, comenzó a gestionar el poder político de las islas en verano de 2019 tras 26 años en el poder de Coalición Canaria. Esta semana el PSOE ha denunciado que se ha encontrado 1.000 millones de euros de inversión del sector privado bloqueados porque los gobernantes de CC no sacaban los proyectos o daban instrucciones para acelerar autorizaciones medioambientales.
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha desvelado el dineral que anda parado en cajones por falta de energía para canalizar inversiones en un territorio que supera el 55% de desempleo juvenil y una cifra de más de 215.000 desempleados, la mayor parte de ellos mujeres. Lo que ha dicho esta semana Valbuena coincide con lo que denunció en 2017 la entonces comisaria de Política Regional, Corina Cretu, sobre los fondos europeos en la islas. Cretu afirmó en octubre de ese año que de los 14.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 zonas territorios como Canarias y el resto del bloque RUP de la UE (Azores, Madeira, Guayana, Guadalupe, Reunión, Martinica, San Bartolomé y San Martí) no habían ejecutado ni el 11%.
"En el servicio de impacto ambiental hay 1.000 millones pendientes de invertir en Canarias"
Así las cosas, Coalición Canaria ha dejado el poder y, como ha afirmado el expresidente regional Manuel Hermoso, "la gente estaba cansada, después de 26 años, de CC". Uno de los proyectos que llevan cinco años escondidos en algún cajón tiene que ver con el informe de impacto ambiental del tren de Gran Canaria al que optaría Alstom y que ha establecido formalmente contacto con empresas canarias para cerrar alianzas, según ha podido saber El Economista. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, ha expresado esta semana su indignación con estos bloqueos.
"En el servicio de impacto ambiental hay 1.000 millones pendientes de invertir en Canarias esperando por la autorización medioambiental, algo que roza la desfachatez por parte de los anteriores responsables del Ejecutivo", dijo el consejero socialista de Medio Ambiente. El Gobierno de Canarias, anunció Valbuena, va a ejecutar encomiendas de gestión a sociedades públicas para que puedan subcontratar la gestión de aceleración de esos expedientes.
"Lo que no puede hacer en casa se haga por fuera". "No queda otro remedio, pero estos 1.000 millones tienen que salir ya", afirmó. Sobre el retraso del tren de Gran Canaria, dijo que la "obligación" del Gobierno regional es facilitar la tarea para que, quien tiene la legítima competencia para desarrollar esta infraestructura la desarrolle. "No puede ser, como sucedía en anteriores legislaturas, que entre administraciones se ponían piedritas o palos en la rueda de la bicicleta para que se caigan no siendo de tu competencia. Eso no es lógico que suceda", concluye.