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España podría poner en peligro su transición energética si no revisa a fondo el nuevo sistema de retribución de redes eléctricas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene actualmente en consulta pública. Las nuevas reglas, que afectan a las redes de distribución, establecen que las inversiones solo comenzarán a pagarse cuando se conecten clientes reales a la infraestructura, lo que en muchos casos podría ocurrir hasta ocho años después de haber sido ejecutadas.
Este planteamiento ha despertado una ola de preocupación entre expertos, inversores y operadores del sector, que advierten que se trata de un modelo insostenible para fomentar la electrificación y atraer capital. En la práctica, significa que las compañías que desarrollen una línea eléctrica para conectar un nuevo polígono industrial o una zona rural no recibirán ningún ingreso por esa obra hasta que llegue el primer cliente y se conecte al sistema. En un país donde los procesos de urbanización autonómicos, las licencias municipales o los asentamientos empresariales pueden durar años, esto supone un riesgo financiero inasumible para los inversores.
El efecto más inmediato podría ser una fuga de inversiones. Mientras otros países europeos como Italia (8,1%), Irlanda del Norte (7,6%) o Suecia (7,3%) ofrecen condiciones estables y tasas de retorno atractivas para atraer capital al desarrollo de redes, España plantea una retribución financiera (TRF) del 6,46% que, aunque superior al 5,58%, reduce la prima implícita de riesgo desde 435 a 310 puntos básicos debido al aumento de los tipos de interés. Además, esa tasa se combina con un nivel de incertidumbre mucho mayor. Para los inversores internacionales, el equilibrio entre riesgo y rentabilidad no compensa. Y para los operadores nacionales, el entorno se vuelve imprevisible, lo que complica la planificación y financiación de nuevas infraestructuras.
La CNMC justifica su propuesta argumentando que se trata de una metodología moderna y eficiente, que premia la conexión de nueva demanda y la eficiencia operativa. Sin embargo, un análisis realizado por la consultora PwC concluye que la nueva regulación ignora por completo las prioridades del Ministerio de Transición Ecológica, que pasan por fomentar la electrificación, atraer inversión privada y garantizar una red robusta y capaz de afrontar el crecimiento futuro.
Una de las claves del cambio está en la metodología retributiva. La CNMC propone abandonar el sistema tradicional de costes auditados (CAPEX/OPEX) para pasar a un modelo conocido como TOTEX, donde las empresas reciben ingresos en función de parámetros externos, como el número de nuevos clientes o la potencia conectada. Esto introduce una dependencia directa de la evolución del mercado, lo que convierte a cada inversión en una apuesta incierta. Además, se incorporan coeficientes de que varían entre empresas y pueden implicar que dos compañías reciban remuneraciones distintas por inversiones idénticas, generando situaciones potencialmente discriminatorias.
La propuesta también incluye un recorte importante en el reconocimiento de costes operativos: un 24% en las redes de distribución, frente al 6% que se aplicará a las redes de transporte. Esta diferencia ha generado una fuerte sensación de agravio comparativo, especialmente porque el modelo para la red de transporte (gestionada por Redeia, la antigua Red Eléctrica de España) mantiene el reconocimiento de inversiones por costes reales y ofrece visibilidad financiera, lo que ha llevado a un aumento del 52% en su retribución anual.
Los efectos de este desequilibrio pueden ser graves. Si no se invierte en redes de distribución —las que realmente llevan la electricidad a hogares, empresas, fábricas y puntos de carga para vehículos eléctricos—, España se enfrentará a cuellos de botella que impedirán el despliegue de nueva demanda. Según PwC, más de 60 GW de potencia pendiente de conexión podrían quedarse sin solución. Esto implica frenar el desarrollo industrial, encarecer los costes para los consumidores actuales y poner en riesgo la electrificación del país.
El problema es especialmente grave en regiones industriales o zonas con redes saturadas, donde las empresas podrían optar por instalarse en otros países con mejores condiciones regulatorias. Incluso dentro de España, las nuevas reglas podrían generar diferencias entre territorios en función de la empresa distribuidora que opere en cada zona, alimentando la deslocalización interna y aumentando la desigualdad.
Todo esto en un contexto donde la transición energética requiere más inversión, más estabilidad y más velocidad. En lugar de premiar la anticipación, la nueva regulación penaliza a quien se adelante. En lugar de ofrecer certidumbre, introduce incertidumbre jurídica y financiera. Y en lugar de atraer capital, corre el riesgo de ahuyentarlo.
En definitiva, si España quiere liderar la transformación energética, necesita una red moderna, segura y ampliada. Pero eso solo será posible si quienes tienen que construirla tienen visibilidad, garantías y una retribución adecuada. Si no, se irán a construirla a otro sitio.
Producido por EcoBrands.