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Los edificios representan en España más del 30% del consumo energético final y aproximadamente el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Según el Green Building Council España (GBCe), el sector se enfrenta al desafío de reducir las emisiones asociadas tanto a su operación como a su construcción.
Supone, en realidad, una oportunidad para transformar el parque edificado hacia un modelo más sostenible que emplee energías limpias y priorice rehabilitaciones, porque el mayor potencial para reducir emisiones se encuentra en los edificios ya existentes.
Según el mismo informe "La descarbonización de la edificación" de GBCe, los edificios deben necesariamente de reducir su demanda energética y, sobre todo, profundizar en la eficiencia energética, porque solo una disminución de la necesidad de energía permitirá cumplir con la reducción de emisiones. Se espera que el consumo residencial proveniente de energías fósiles se haya reducido en un 35% para 2030 y en un 100% para 2050.
La implicación de las administraciones públicas también se incrementa. La propia Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Esta nueva normativa comunitaria busca acelerar la renovación de los edificios en los países miembros de la Unión, sobre todo aquellos con "peor comportamiento energético", la rehabilitación energética y el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables. Los Fondos Europeos han permitido igualmente la rehabilitación energética de muchos edificios en España.
El gobierno español, por su parte, ha articulado su compromiso en este ámbito mediante el Marco Estratégico de Energía y Clima. Este plan incluye la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Herramientas todas ellas que persiguen objetivos ambiciosos como, por ejemplo, la reducción de las emisiones para 2050 en un 90% respecto a 1990.
Los combustibles fósiles suponen un 63% del consumo de los edificios y se emplean principalmente para calefacción y agua caliente sanitaria, y de manera muy estacional. Si se electrificase todo el consumo de combustibles fósiles de los edificios en nuestro país, sería necesario el almacenamiento estacional de electricidad de en torno el 44% del mismo.
Según el informe "El biometano y el almacenamiento estacional de energía", elaborado por la consultora Frontier Economics y publicado por Fundación Naturgy, hay dos opciones viables para alcanzar un consumo energético renovable en los edificios: la bomba de calor eléctrica y el biometano u otros gases renovables.
La electrificación de los edificios provocaría un aumento de la demanda punta del sistema, lo que incrementa a su vez las necesidades de capacidad de energía firme que garanticen el abastecimiento de dicha demanda. La electrificación del consumo fósil de los edificios generaría una demanda firme adicional en torno a 28 GW, lo que supone un 67,5% de la demanda punta actual. Con todo esto, la suma de la demanda punta actual y las necesidades adicionales por la electrificación de los edificios (sin considerar la electrificación adicional de otros sectores) provoca una necesidad total de unos 70 GW de energía firme.
No es un contexto fácil. La energía nuclear y el gas no participan en el sector eléctrico renovable, y las tecnologías solares y eólica ofrecen una firmeza reducida: si se electrificara todo el consumo de los edificios, la capacidad renovable instalada hoy solo proporcionaría en torno a un tercio de la capacidad firme necesaria.
Para que las energías renovables efectivamente puedan satisfacer la demanda eléctrica durante todas las horas del año sin necesidad de almacenamiento, sería necesario instalar 397 GW de solar y 323 GW de eólica, lo que equivale a cuadruplicar y sextuplicar la potencia instalada, respectivamente.
Por otra parte, la electrificación provocaría un incremento en el consumo eléctrico de solo un 5% en los meses de julio y agosto, pero ese porcentaje asciende a un 60% en diciembre. Es decir, la electrificación implicará durante los meses de invierno importantes necesidades de producción, transporte y distribución de electricidad renovable.
En el informe también se analiza la eficiencia del suministro a través de la bomba de calor a lo largo de toda la cadena de valor, que se sitúa entre un 48% y un 73% en función de la zona climática y el grado de aislamiento del edificio si se tienen en cuenta las necesidades de almacenamiento estacional. Los costes de la bomba de calor aumentan igualmente si se considera que parte de la electricidad que consumen deberá ser almacenada estacionalmente.
Por el contrario, la mayor eficiencia del almacenamiento estacional del biometano compensa la menor eficiencia de la caldera de condensación, lo que supone una eficiencia global de la cadena de valor del 85%. Ese porcentaje se suma a la ventaja de emplear biometano en las redes de transporte y distribución existentes, por lo que no requeriría la realización de inversiones adicionales en este segmento y los costes de instalación de equipos por parte de los consumidores serían mucho menores.
El estudio de los costes de las diferentes alternativas e hipótesis consideradas para la descarbonización de los edificios permite concluir que el biometano es el combustible más barato por unidad de energía, considerando las necesidades de almacenamiento estacional, seguido de la electricidad y, finalmente, el metano sintético, si consideramos una electrificación total de los hogares.
Producido por EcoBrands
