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*Por Foro Mercado Libre
España ha experimentado un preocupante incremento en la inseguridad jurídica para las empresas en los últimos años, manifestado en cambios fiscales inesperados y decisiones regulatorias que han afectado gravemente la viabilidad de algunas inversiones y de sectores estratégicos.
Los recientes impuestos a la banca y las eléctricas —más de 3.000 millones de euros hasta el momento que se restan de la economía real— o las casi 30 condenas multimillonarias internacionales relacionadas con los vaivenes regulatorios de las renovables son solo algunos ejemplos.
No en vano, la inseguridad jurídica es la principal amenaza para los emprendedores. Un estudio reciente publicado por la CEOE y KPMG desvela que un 48% de los empresarios españoles considera la inseguridad jurídica el principal riesgo a superar. "Las empresas necesitamos un clima de confianza, de moderación y entendimiento, con menor incertidumbre y con una mayor calidad normativa e independencia de las instituciones", señalaba con ocasión del estudio el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Un ejemplo reciente y significativo de esta problemática es la aprobación de la subida del 30% de la Tasa Enresa, mediante la cual las eléctricas titulares de las instalaciones nucleares financian la gestión y el almacenamiento de los residuos a largo plazo así como el desmantelamiento de las centrales. La medida ha generado un profundo malestar en el sector energético, uno de los más afectados históricamente por la inestabilidad regulatoria. Hace poco más de una década, las energías renovables sufrieron un cambio radical en el marco regulatorio, con recortes retroactivos a las primas que habían incentivado su desarrollo. Este tipo de modificaciones son las que han generado esa incertidumbre que desalienta la inversión y pone en riesgo proyectos de gran envergadura.
Ahora, es el sector nuclear el que enfrenta una situación similar. En 2019, se firmó un protocolo de cierre ordenado que establecía un incremento máximo de la tasa del 20%. Sin embargo, poco tiempo después, se aprobó una subida del 19%, y ahora, en 2024, el Consejo de Ministros ha autorizado un aumento adicional del 30%, situando la Tasa Enresa en 10,36 euros/MWh. Esta tasa, que financiará el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radiactivos, ha sido calculada a partir de los costes futuros y el estado del Fondo para la financiación de estas actividades a finales de 2023.
Esta escalada impositiva parece tener como objetivo final asfixiar fiscalmente a las centrales nucleares, haciendo su operación económicamente inviable y forzando a los propietarios a abandonar su continuidad, incluso antes de su cierre previsto. En palabras de los representantes del sector, esto supone una carga fiscal "desproporcionada, discriminatoria y asfixiante" que amenaza seriamente la continuidad de un parque nuclear español que acumula pérdidas de 1.300 millones de euros.
Conviene tener en cuenta la importancia todavía vital de las nucleares en la generación y seguridad energética del país. El nuevo impuesto pone en cuestión la supervivencia inmediata de las siete centrales operativas que llevan 20 años aportando más del 20% de la electricidad consumida en el país y garantizando el suministro con una operatividad casi plena.
La situación se agrava cuando se compara con otros países europeos. En Francia, por ejemplo, las centrales nucleares disfrutan de condiciones fiscales mucho más favorables, lo que permite a su industria ser más competitiva y reducir su dependencia del gas. En contraste, España, con impuestos sobre la energía nuclear que son más del doble que los franceses, no sólo pone en riesgo su seguridad de suministro, sino que también daña la competitividad de su industria.
Teniendo en cuenta el golpe impositivo, las plantas nucleares tendrán que sumar 130 millones de euros anuales a los 450 millones de euros que ya aportan cada año al fondo Enresa desde marzo de 2019, denuncian desde el Foro Nuclear.
"Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal que soporta, amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español", señala la patronal del sector.
Lo curioso es que estas actuaciones se producen en un contexto en el que otras grandes economías impulsan la energía nuclear. Además, chocan frontalmente con el discurso gubernamental que habla de promover la electrificación y la competitividad mediante un apoyo "incondicional" a la transición energética.
Si se desmonta el parque nuclear (que ahorra anualmente la emisión de 20 millones de toneladas de CO2), el gobierno debe facilitar y promover la electrificación y la modernización y expansión de la red mientras resuelve un enorme atasco en la tramitación de proyectos renovables.
Producido por EcoBrands