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Europa se halla inmersa en una carrera de fondo para descarbonizar su economía y garantizar su seguridad energética, sobre todo tras la perturbación masiva que provocó Rusia en los mercados energéticos al invadir Ucrania. La apuesta por las fuentes renovables es clara, pero no basta con generar energía: hay que hacerla llegar al usuario, lo que requiere una inversión ingente en las redes eléctricas, para expandir su capacidad, adaptarlas a las nuevas fuentes de energía y completar su digitalización. Sin renovar las redes, buena parte de las inversiones en renovables permanecerían desaprovechadas.
Gran parte de las infraestructuras de redes planificaron hace décadas, cuando la naturaleza de nuestro sistema energético era muy diferente y la penetración de las energías renovables era muy baja. En aquel entonces, el sistema dependía de enormes centrales eléctricas centralizadas que suministraban cientos de megavatios, canalizándose esa energía por las redes de transmisión y distribución hasta llegar al usuario final. En la actualidad, con la expansión de las tecnologías renovables, la generación se ha dispersado. Las redes necesitan transportar electricidad desde un gran número de generadores que se encuentra disperso por el territorio y tienen una escala mucho menor.
No solo se trata de parques solares o eólicos. Los paneles solares se propagan por los tejados de nuestros edificios, los ciudadanos conducen automóviles que pueden devolver energía a la red eléctrica y la calefacción está cada vez más electrificada. Muchos consumidores cuentan ya con contadores inteligentes que les permiten ajustar su consumo de electricidad, aumentándolo cuando la demanda es menor y, en consecuencia, los precios son más bajos. Sin embargo, la capacidad de las viejas infraestructuras de redes para integrar esas nuevas energías y esos activos descentralizados es limitada. De hecho, hoy en día, la mayoría de los cortes de suministro se deben a que la red es inadecuada.
Estas insuficiencias explican otro problema creciente: los vertidos de energía. España ya está literalmente tirando electricidad renovable. En el último año, los vertidos de energía solar y eólica se han multiplicado por más de diez, pasando de 67 GWh en 2021 a 715 GWh en 2022, lo que cuesta al sistema eléctrico la friolera de 1.300 millones de euros, el equivalente a unos 68 euros por hogar.
El problema se agrava. Tanto las limitaciones operativas como los costes irán en aumento si no se acometen las inversiones necesarias para que pueda funcionar un sistema eléctrico descentralizado, que implica el refuerzo y la digitalización de las redes de transporte y distribución, así como la construcción de nuevas infraestructuras capaces de dar respuesta a esa demanda creciente y cambiante.
El plan de acción de la Unión Europea, publicado a finales de 2022, estimaba que sería preciso invertir unos 584.000 millones de euros en redes eléctricas para finales de 2030, de los cuales unos 400.000 millones se destinarían a la red de distribución. En el caso de España, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), prevé para en el período 2023-2030 unas inversiones en redes de 52.920 millones de euros. Es una cifra elevada, y representa en torno al 18 % de las inversiones totales de la década. Sin embargo, el sector eléctrico cree que se queda corta.
La patronal europea Eurelectric calcula que, como regla general, se deberían invertir 0,67 euros en la red por cada euro invertido en capacidad de generación, muy lejos de los 0,30 euros actuales y también de los 0,45 euros que ambiciona la nueva hoja de ruta energética española.
En cualquier caso, las cifras del PNIEC contrastan con los límites al crecimiento que existen en la regulación actual de las actividades de transporte y distribución. En 2013, todavía en plena crisis económica y con el objetivo de controlar costes, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó el volumen anual de inversión en ambas actividades a un crecimiento no superior al 0,065 % del PIB para el transporte y un 0,13 % para la distribución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez los ha mantenido —con la excepción de los años de la pandemia—, a pesar de que su fórmula económica se ha centrado en expandir el gasto para estimular el crecimiento.
De hecho, las inversiones que prevé el nuevo plan energético pueden convertirse en un brindis al sol si no se cambia la legislación actual, como ya ha ocurrido con el PNIEC en vigor (2021-2030), que marca unas inversiones anuales en distribución de 3.000 millones de euros, cuando la regulación las limita a 2.000 millones.
Otro eslabón crucial en la nueva cadena energética son las tecnologías de almacenamiento, dado que las energías renovables son recursos inherentemente variables, es decir, son incapaces de asegurar el suministro en determinados momentos. Se están destinando miles de millones de euros para descubrir nuevas fórmulas que permitan hacer acopio de energía verde y así avanzar en los ambiciosos objetivos de descarbonización; pero, entretanto, hay una solución probada y ecológica que contribuye tanto a la sostenibilidad como a la resiliencia del sector eléctrico. Son las centrales hidroeléctricas de bombeo.
La mejor manera de alcanzar este objetivo, más allá del desarrollo de nuevos proyectos, es remodelar las plantas existentes. En España hay alrededor de 20 GW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas convencionales, que embalsan un agua que, tras producir energía, sigue su cauce al río o al mar. Estas centrales tienen el potencial de sumar hasta 36.000 MW si se actualizan para disponer de bombeo, según los cálculos de Eurelectric.
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