El adelanto electoral ha abierto una nueva incógnita sobre el futuro de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. En el aire está ahora su posible reversión si el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio cambia de color.
Pero el desenlace de esta cita electoral no cambiará el hecho de que las entidades financieras y empresas energéticas hayan tenido que abonar ya 2.600 millones de euros de los 3.000 millones previstos. Una cifra que supone detraer de la economía real el equivalente al 1% del PIB trimestral de España, haciendo más hostil el entorno empresarial, penalizando el empleo, comprometiendo la concesión de crédito y a las inversiones destinadas a la transición energética, imprescindibles en el viaje hacia la descarbonización y la independencia energética, advierte el Foro Mercado Libre.
En total, Hacienda tiene previsto recaudar un total de 7.000 millones de euros con este impuesto, que tiene carácter temporal, limitado a los ejercicios 2022 y 2023, aunque el Ejecutivo de Sánchez no ha cerrado la puerta a que se prorrogue. Según algunos cálculos, ya se ha comido alrededor del 17,7% del beneficio de las entidades financieras y las compañías energéticas hasta el mes de marzo. Una de las grandes particularidades de esta ley —y también una de las que más críticas ha recibido— es que grava los ingresos (y no los beneficios), contradiciendo lo que marca la Unión Europea, que en septiembre del año pasado planteó un gravamen del 33% sobre las ganancias extraordinarias, pero solo de petroleras, gasistas y actividades de refino. Así, España se ha convertido en el único país europeo que grava la facturación de las eléctricas —en concreto, el 1,2%—, un sector clave para impulsar el cambio de modelo energético.
El sector financiero, por su parte, advirtió de que la nueva tasa entraba en conflicto con el impuesto de sociedades y sus deberes fiduciarios con inversores y accionistas. Además, en un momento de obligado aumento de provisiones por el incremento de las tensiones financieras derivado del proceso de endurecimiento monetario.
Precisamente, el Gobierno de coalición echó mano de una figura tributaria inusual, como es la de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, para armarse jurídicamente y esquivar pleitos por posible doble imposición y conflicto con el impuesto de sociedades. Sin éxito.
Todas las empresas afectadas, una por una, y sus respectivas patronales, han llevado a los tribunales la nueva tasa, iniciando un proceso judicial que será largo, en una Justicia ya de por sí muy saturada.
Además, con el riesgo de que en un futuro el Estado tenga que devolver lo cobrado, si los tribunales finalmente acaban dando la razón a los bancos y las energéticas. Sin duda, supone una rémora para el futuro del país y para nuevos Gobiernos que tengan que hacer frente a un problema que ellos no crearon.
No es un temor infundado. La inseguridad jurídica cotiza al alza y existen precedentes de las consecuencias negativas para el Estado por la reversión judicial de cambios impositivos y/o regulatorios.
El caso de las reclamaciones por los cambios en las primas a las renovables en España es quizás el ejemplo más paradigmático, porque ha situado a España como el segundo país del mundo, solo por detrás de Venezuela, con mayor número de laudos impagados en reclamaciones multimillonarias en las cortes internacionales.
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