Cuatro guerras judiciales protagonizan la batalla legal por la intervención y posterior venta al Santander del Banco Popular. Como cuatro puntos cardinales, la ofensiva legal se juega en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, en la Audiencia Nacional española a través de la vía contencioso-administrativa y penal y, finalmente, en Nueva York (EEUU) mediante un procedimiento previo a la demanda denominado discovery, que tiene como objetivo solicitar información, en este caso, al Banco Santander, que pueda servir de prueba.
No obstante, en esta última vía abierta en EEUU y a escasos meses de que se pronuncie el Tribunal Federal de Nueva York (está previsto para finales de este año) los afectados por el Popular ya dan por perdida la batalla, según aseguran fuentes cercanas al caso a elEconomista.
El empresario mexicano Antonio del Valle -dueño junto a un grupo de unos 50 inversores del 4,2% del Popular antes de la intervención de la entidad- encabezó el pasado invierno la apertura de esta ofensiva contra el Santander en EEUU con el objetivo de solicitar al grupo cántabro todos los documentos relativos a la adquisición del banco.
Casi siete meses después del inicio del proceso, los afectados advierten de que el caso tiene visos de cerrarse a favor del grupo cántabro. El poco peso del negocio del Santander en el país norteamericano, el hecho de que el Banco Popular ya solo tenga intereses en España sumado a la investigación abierta en el TJUE para decidir sobre la actuación de una institución de la Unión Europea vencen la balanza a favor del grupo que encabeza Ana Botín, siempre según las mismas fuentes.
Los afectados alegan que carecen de información suficiente para defenderse en los frentes judiciales
Los afectados por el Popular que acudieron a EEUU buscan conocer, entre otros aspectos, la valoración económica que hizo el grupo del Popular antes de realizar su oferta por un euro. Esta información podría ser clave para avanzar en las acciones legales ante el TJUE contra la decisión de resolver el banco tomada por la Junta Única de Resolución (JUR). De hecho, una de las quejas de los antiguos accionistas y bonistas del que era el sexto banco del país, es que carecen de información suficiente para defenderse de forma correcta en los distintos frentes judiciales abiertos.
El hecho de que la ley norteamericana permita solicitar información que se pueda utilizar como prueba en procesos abiertos en el extranjero se presentó como la ocasión perfecta, bajo el amparo de que el Santander también tiene presencia en EEUU.
Por su parte, el grupo cántabro no se quedó de brazos cruzados y respondió a la ofensiva iniciada por Del Valle a través del bufete de abogados mexicano Hunton Andrews Kurth. La entidad alegó que la resolución del Popular es un tema europeo y, además, aludió al bajo peso de su negocio en EEUU. Actualmente, el mercado norteamericano supone el 7% de los beneficios consolidados del grupo.
Retrasos en la instrucción penal
Los antiguos inversores del Banco Popular denuncian retrasos en la instrucción penal del caso, liderada por el magistrado del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. El juez también asume una relevante causa como la de los atentados terroristas de Barcelona de agosto de 2017. De hecho, Andreu reactivó el proceso este verano con la toma de declaración a varios testigos y levantando parte del secreto de sumario.
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