Emilio Saracho, el último presidente del Banco Popular antes de su resolución y que el Santander lo comprara por un euro, hizo separación de bienes gananciales con su mujer apenas un mes después de que el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le imputara por la caída del que era el sexto banco del país. El magistrado admitió a trámite por primera vez varias querellas por la intervención del Popular a inicios del pasado mes de octubre, abriendo así la investigación penal del ocaso de la entidad.
Varios de los denunciantes pidieron al juez entonces que adoptara medidas cautelares de forma inmediata sobre la situación personal y los bienes de los querellados (otro de los principales investigados es el también expresidente del banco Ángel Ron) para que impusiera con carácter urgente la prestación de la fianza pertinente para cubrir la responsabilidad que pudiera derivarse de su gestión en la entidad. En el caso de que los investigados no pudieran hacer frente a la futurible fianza que se impusiera, los afectados del Popular pedían entonces que se procediera al "embargo de sus bienes en cuantía suficiente para atender dichas responsabilidades".
No obstante, Andreu, ante la solicitud de los demandantes, acordó en su auto fechado a 3 de octubre que la exigencia de afianzar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa "deberá estarse a la espera de oír en declaración a los querellados, tal lo cual, se acordará". Apenas un mes después, Saracho realizó separación de bienes con su esposa, según reflejan los documentos del Registro de la Propiedad, que sitúan la fecha a 6 de noviembre. No obstante, fuentes consultadas por este diario desvinculan que la actuación del exbanquero respecto a sus bienes esté relacionada con la causa judicial.
De momento, el magistrado aún no ha citado a declarar a los investigados del Popular. Fuentes cercanas al caso estiman el llamamiento del juez en el último trimestre del año.
Saracho se ha quedado con tres viviendas en Alicante, con parcelas de unos 1.000 metros cuadrados cada una
El reparto de bienes realizado por el matrimonio ha dejado en manos de la mujer de Saracho la vivienda familiar ubicada en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. El chalet se ubica sobre una parcela de 2.600 metros cuadrados, cuenta con dos plantas, porche delantero y trasero y una piscina privada. El precio medio de mercado de las viviendas de las mismas características en esta urbanización parten desde 1,5 millones de euros.
Por su parte, Emilio Saracho, se ha quedado con dos viviendas en Jávea (Alicante), ubicadas en la también exclusiva urbanización de El Tosalet. Una de las viviendas, de 153 metros cuadrados, está situada sobre una parcela de 970 metros cuadrados, y la segunda casa de campo, de 110 metros cuadrados, está sobre un terreno de 975 metros cuadrados. El precio medio de mercado de este tipo de vivienda en la zona ronda los 500.000 euros. Cuenta con una tercera vivienda al norte de Jávea, próxima a la urbanización La Corona, de tres plantas, 350 metros cuadrados, edificada sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados.
El magistrado decidió esperar el informe de los peritos del Banco de España antes de cerrar la causa
Emilio Saracho está investigado en la causa del Popular por el presunto delito de administración desleal y manipulación del mercado. Los querellantes denunciaron que el empresario mexicano y dueño del 4,2% del Popular, Antonio del Valle, en connivencia con Saracho, ideó derrumbar el precio de la acción del banco en "beneficio propio" filtrando información negativa de la entidad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió un informe al juzgado la pasada primavera en la que señaló que en la etapa del expresidente del banco no se detectaron prácticas de manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor de los títulos.
El documento dio alas a Saracho para solicitar el cierre de la causa que se investiga contra él. No obstante, el magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que vio insuficiente el informe para el cierre de la causa, decidió esperar a recibir el que están elaborando los peritos del Banco de España al respecto.
Ángel Ron acusó a Saracho el pasado mes de julio, en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, de que llegó al Popular para tirar la acción. Su sucesor se defendió asegurando que no había nada que hacer para bajarla, puesto que cayó de forma natural, porque el banco "valía cerca de cero".