La Junta Única de Resolución (JUR) europea ha publicado esta mañana el informe de valoración elaborado por Deloitte en el que se concluye que si el Banco Popular hubiera ido a una liquidación ordinaria en vez de, como ocurrió, ser intervenido por las autoridades europeas, "las pérdidas totales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas en resolución".
Así, la institución presidida por Elke König estima que no habrá compensación para las 305.000 familias afectadas. "Los accionistas y acreedores cuyos instrumentos fueron amortizados o convertidos y transferidos en resolución no habrían recibido un mejor trato si el Banco Popular hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios", refleja el documento. Por tanto, en base al informe, la JUR ha decidido de manera preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados.
El documento de Deloitte refleja que en un procedimiento de insolvencia ordinario "no se habría esperado recuperaciones para los accionistas y acreedores" porque este mecanismo destruye valor per se. Entre los motivos para esta pérdida de valor, el informe señala el cese abrupto de la actividad del negocio, la pérdida de clientes o las reclamaciones a las que se enfrentaría el banco. Deloitte sitúa esta conclusión en el escenario más favorable que sería una liquidación y reestructuración a siete años. No obstante, la evalución se ha hecho sobre otros dos escenarios más duros, una liquidación a 18 meses y otra, a 3 años.
En el escenario más benévolo, el de siete años, la reestructuración habría tenido un coste de entre 23.400 y 28.170 millones de euros. Una reestructuración a tres años, habría supuesto entre 26.000 y 31.600 millones, mientras que la más rápida, a 18 meses, hubiera tenido un coste de entre 28.200 y 34.100 millones. "Incluso en el escenario más optimista, las pérdidas serían superiores que con la resolución, sufriendo también pérdidas los acreedores sin garantías", señala el documento.
Además, los accionistas y acreedores de otras entidades jurídicas del grupo también hubieran sufrido pérdidas en todos los escenarios contemplados, refleja Deloitte, mientras que con la resolución el impacto sólo se limitaría a accionistas y acreedores del banco. Finalmente, la liquidación también hubiera afectado al Fondo de Garantía de Depósitos /FGD) que hubiera sufrido pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones en el Banco Pastor.
Periodo de audiencia
No obstante, el organismo, y antes de tomar una decisión definitiva, abre a partir de hoy un periodo de audiencia de los afectados, durante el cuál podrán expresar sus alegatos y que se cerrará el próximo 14 de septiembre a las 12:00 horas.
Los accionistas y acreedores afectados que deseen ejercer su derecho de audiencia mediante el envío de comentarios por escrito en la segunda fase deberían registrarse ahora para así demostrar que son elegibles; es decir, demostrar que fueron afectados por la resolución ya que sus instrumentos fueron amortizados o convertidos y transferidos. La elegibilidad deberá ser demostrada mediante la presentación de una prueba de identidad válida y una prueba aceptable del título de propiedad de los instrumentos que fueron amortizados o convertidos y transferidos, según informa la JUR.
Una vez demostrada la elegibilidad de los accionistas y acreedores, el organismo europeo abrirá una segunda fase, en la que éstos tendrán el derecho a expresar por escrito sus comentarios a través de la plataforma electrónica que se creará para tal efecto en relación a la decisión preliminar de la JUR en base a la cual no sería necesario conceder compensación y al razonamiento subyacente. "Todos los comentarios proporcionados en la segunda fase serán debidamente evaluados y tenidos en cuenta de cara a la decisión final de la JUR con respecto a si la compensación debe ser concedida", asevera el organismo europeo.
Reacciones
Richard East, socio director del despacho Quinn Emanuel, representante de varios tenedores de bonos de Popular incluidos Pimco, Anchorage y Algebris, aseguró tras conocer el informe que las conclusiones no son realistas. "Hemos señalado en varias ocasiones que la decisión de la UE de contratar la misma firma (Deloitte) para hacer tanto el informe preliminar de hace un año, y ahora el análisis definitivo, hace dudar sobre la credibilidad del informe final, que premite a Deloitte revisar su propio trabajo", dijo. A su juicio, la JUR podía haber elegido cualquiera de las otras cinco firmas auditoras para hacer el análisis en profundidad con un enfoque no contaminado. "Al haber sido Deloitte otra vez, la JUR manifiestamente ha fallado en su deber de hacer un análisis independiente y distinto", finalizó.
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