Un caso, tres protagonistas y diferentes versiones. La visión sobre el estado, evolución y caída del Banco Popular difiere en hasta diez puntos según el prisma de quien lo mire y solo coinciden en un aspecto: el banco se resolvió por un problema de liquidez extremo. Los dos expresidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, junto al actual, Rodrigo Echenique (también vicepresidente del Santander) han acudido en las dos últimas semanas al Congreso para explicar el declive y compra de la entidad y convirtieron su comparecencia individual en una maraña de versiones contradictorias que convierte el caso en un Cluedo en el que es difícil dilucidar los verdaderos detalles del fin del banco.
Las intervenciones de los protagonistas, especialmente las de Ron y Saracho, adelantan el preludio de un juicio marcado por una guerra de acusaciones. Los puntos contradictorios: el estado real del banco, la batalla del consejo por el control de la entidad, las ofertas de compra, las cuentas de 2016, la política de comunicación de Saracho, la solvencia, el ELA, el método de la resolución, el negocio para el Santander y la transparencia de la JUR.
Ángel Ron: "El objetivo es echar la culpa a los anteriores gestores"
El expresidente del banco defendió su gestión al frente de la entidad y aseguró que cuando se fue la dejó con un valor en bolsa de más de 3.000 millones. A su juicio, su salida se debió a una batalla en el seno del consejo de administración iniciada por el inversor mexicano Antonio del Valle, que quería hacer caer el valor de la acción para hacerse con el Popular a un precio de derribo. Ron defendió que la entidad recibió buenas ofertas cuando se abrió la venta privada del banco, destacando la del BBVA por 5.500 millones de euros. Respecto a las cuentas de 2016, sobre las que la Audiencia Nacional investiga su presunta falsedad, aseguró que si hubiese tenido la más mínima duda sobre su veracidad no hubiera invertido 125.000 euros en la ampliación de capital que realizó el banco ese año. El exbanquero criticó que Saracho entró con una desacertada política de comunicación que consistía, de un lado, en lanzar información negativa al mercado para hacer caer el precio de la acción, y de otro, echar la culpa de la situación del banco a los antiguos gestores. Defendió que la entidad, durante su etapa, era solvente y jamás se va a encontrar ningún documento que diga lo contrario, motivo por el que se cuestiona por qué el Banco de España no continuó dando liquidez de emergencia al Popular en sus últimos días. Sobre la resolución, criticó que fue inadecuada porque se aplicó una normativa de un banco en liquidación y produjo el vaciamiento patrimonial de los accionistas. Finalmente, consideró que el Santander ha hecho un "excelente negocio" con la compra y pidió transparencia a las autoridades europeas para aclarar lo ocurrido.
Emilio Saracho: "Hubo voluntad de ocultación en las cuentas de 2016"
A diferencia que su antecesor, Saracho aseguró que se encontró con un banco que estaba en plena crisis, con una caída del valor de la acción del 98% en los últimos años y conocido en Europa como el principal problema del sistema financiero. La mala situación de la entidad, dijo, fue el motivo por el que se inició un proceso de sucesión en la presidencia. Respecto a la oferta del BBVA, reconoció que la entidad encabezada por Francisco González tenía interés en el Popular porque se había quedado infrarrepresentada en España, pero que pronto se dio cuenta de que el banco tenía un "riesgo enorme". A su juicio, hubo "voluntad de ocultación" en las cuentas de 2016. Aunque su sorpresa fue mayor cuando preguntó a los responsables de Riesgo del Popular cuántas provisiones más hacían falta para cubrir los riesgos inmobiliarios y se chocó con un "no lo sabemos" como respuesta. Niega que su política de comunicación se guiase por el objetivo de bajar el precio de la acción, algo que asegura que sucedía porque "era natural" ya que el banco "valía casi cero". "Un presidente no debe gestionar la acción ni la comunicación, sino dar información suficiente al mercado", defendió. Además, señaló que el Popular, en sus últimos días, tenía un problema de solvencia "a las vuelta de la esquina" con un agujero de capital de 5.500 millones de euros. También explicó que si el Banco de España negó la liquidez de urgencia a la entidad fue porque les parecieron insuficientes las garantías presentadas. Finalmente, consideró que, como no pudo hacer lo que quería con el banco, aplicar la resolución evitó un desastre mayor y fue un milagro.
Echenique: "La entidad era buena hace más de 30 años"
El actual presidente del Popular aseguró que el banco era bueno hace 30 años. Echenique explicó que el Santander rechazó presentar una oferta en la fase de venta privada del Popular porque, aunque las ventajas estratégicas eran buenas, no compensaban los riesgos y contingencias a asumir como la elevada exposición inmobiliaria, la alta tasa de mora, el deterioro de la liquidez o la gran litigiosidad por las cláusulas suelo. No obstante, el vicepresidente del grupo cántabro defendió que las cuentas del banco de 2016 se elaboraron según la información y normativa aplicable en ese periodo y, desde el banco cántabro, no han encontrado "inexactitud ni falsedades" en las mismas. Rodrigo Echenique también dejó atisbar la posibilidad de que la entidad se podría haber chocado con un problema de solvencia derivado de la falta de liquidez si no hubiera tenido el destino que tuvo. Respecto a la resolución, la definió de "no deseada", aunque como la mejor solución para contribuyentes. A su parecer, una liquidación ordinario hubiera llevado a quitas a los depositantes. Respecto a si la compra del banco fue un negocio para el Santander, recordó que, a pesar de las ventajas que le aporta en cuota de mercado -tanto en España como en Portugal- y en pymes, el grupo tuvo que inyectar 13.000 millones de liquidez, ampliar capital por 7.000 millones, aumentar provisiones por 5.800 millones y conceder un crédito subordinado al Popular por 750 millones. Echenique defendió la máxima transparencia sobre lo ocurrido aunque reconoció que el Santander ha vetado dar información del informe de Deloitte sobre litigiosidad y activos.