Miguel Blesa, hallado hoy muerto en una finca de Córdoba, afrontó sus últimos años de vida bajo el yugo de la justicia. El expresidente de Caja Madrid recibió su primera condena por la gestión de la entidad el pasado 23 de febrero de la mano de la Audiencia Nacional en el caso de las tarjetas black. Las tres magistradas encargadas del caso fallaban contra Blesa por utilizar la caja como si fuera suya, imponiéndole seis años de prisión, una multa de 109.000 euros y la responsabilidad solidaria de asumir de manera conjunta junto al resto de los condenados el dinero gastado con las tarjetas opacas bajo su gestión que ascendió a 9,34 millones de euros. Aunque la condena está a falta de revisión por el Tribunal Supremo -el exbanquero recurrió el fallo junto al resto de los imputados-, tres casos más acorralaban la tranquilidad de Blesa.
El que fue presidente de la caja madrileña también estaba siendo investigado por el conocido caso de las preferentes, una pieza separada del caso Bankia. En el año 2009, la caja emitió 3.000 millones de euros en preferentes que colocó, en su mayoría a los clientes de la entidad, convencidos por los empleados y directivos de sus sucursales de confianza. Sin embargo las preferentes eran un producto financiero no sólo complejo de comprender sino también, volátil, que provocó las pérdidas de muchos ahorradores que confiaron en este producto, sin tener la información necesaria. Actualmente, se investiga como uno de los grandes fraudes de la banca española.
Caso de los sobresueldos
Dos de las últimas investigaciones en las que estaba involucrado Blesa saltaron a la luz en los últimos meses. Por un lado, el pasado mes de enero se conocía que la Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años de prisión para el exbanquero por el conocido caso de los sobresueldos en Caja Madrid, además del pago de una indemnización de 8,57 millones de euros a Bankia, como entidad sucesora de la caja madrileña. El fiscal explica en su escrito que la Comisión de Retribución de la caja acordó en junio de 2008 una subida del 4,5 por ciento del sueldo de los diez miembros que integraban el Consejo de Dirección de la caja en esa fecha, estipulando la masa salarial global en 8,3 millones de euros. Sin embargo, finalmente el incremento real de los salarios fue de un 16,11 por ciento, ya que el Comité de Dirección pasó de diez a nueve miembros y no se ajustó el incremento de la masa salarial fija individual, tal y como solicitó el consejo de administración de la entidad. Según Anticorrupción, a consecuencia de la carencia de ajuste, se abonaron 2,04 millones de euros a los directivos "indebidamente".
Delito fiscal desde Islas Vírgenes
Éste es otro de los casos surgidos en el último año que se reavivó a raíz de que los conocidos 'Papeles de Panamá' viesen la luz. El expresidente de la caja estaba siendo investigado por la comisión de un posible delito fiscal realizado desde una compañía ubicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. La empresa, llamada Danforth Investment, fue creada en 1989 a través de la conocida firma de abogados Mossack Fonseca. El bufete, concedió en 1992 a Blesa poderes para crear en España una firma homóloga con el presunto objeto de realizar inversiones inmobiliarias. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía señaló en un informe remitido a la Audiencia Nacional que el exbanquero pudo haber utilizado la firma como sociedad pantalla para evitar el pago de impuestos y blanquear beneficios.
Con el fallecimiento de Blesa, la responsabilidad criminal por las tarjetas black, que es la única en la que hay sentencia, queda extinguida, tal como recoge el artículo 130.1 del Código Penal. En las otras dos causas, pendientes de juicio, quedan sobreseídas y archivadas para el acusado.
Otra cosa es la responsabilidad civil que se deriven de los casos. Por ejemplo, en la sentencia de las tarjetas opacas se estableció una responsabilidad solidaria junto al resto de acusados para reponer los más de nueve millones de euros que fueron gastados. La obligación de reponer los daños a los afectados se mantiene aunque haya fallecimiento, apunta Nuria López, abogada de Legalitas.
El artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica: "La acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil". La experta explica que la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil y las personas perjudicadas tienen derecho a abrir la vía de la jurisdicción civil para ser indemnización del perjuicio sufrido contra los herederos de Blesa.
Casos archivados
En marzo de 2016 se conocía que la Audiencia Nacional admitía a trámite una querella contra Miguel Blesa por inflar las hipotecas que concedía Caja Madrid en plena burbuja inmobiliaria. El Juzgado Central trataba de esclarecer así si durante su mandato en la caja concedió hipotecas sobrevaloradas, con tasaciones elevadas y superiores al cien por cien del precio de la compraventa de los inmuebles. Sin embargo, el caso fue archivado tres meses después al considerar la Sala que no había lugar a admitir a trámite la querella por falta de tipicidad penal de su contenido.
Otra investigación que sobrevoló sobre Blesa, le costó su paso por la cárcel, y que finalmente fue tumbada por la Justicia fue la causa por la compra del Banco Florida. Caja Madrid adquirió el 83 por ciento de la entidad en 2008 y posteriormente acudió a la ampliación de capital del City Bank of Florida por la que se hizo con el control total de la entidad. El coste total de la operación ascendió a 1.234 millones de dólares, unos 833 millones de euros. El sindicato Manos Limpias denunció que la operativa fue irregular porque Caja Madrid pagó el triple por el banco que su valor de mercado.
El primer instructor del caso, el juez Elpidio José Silva, llegó a encarcelar hasta en dos ocasiones a Blesa en el marco de ésta investigación en la primavera de 2013. La ejecución de la instrucción le costó al magistrado su expulsión de la carrera judicial, confirmada por el Tribunal Supremo. La magistrada que sucedió a Silva, Esperanza Collazos, archivó el caso en octubre de 2015, al considerar que los administradores de la caja actuaron dentro del límite de sus funciones en la adquisición del City Bank.
Reacciones a la muerte de Blesa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado su "pesar" por la muerte del exbanquero Miguel Blesa "en unas condiciones tan trágicas" y ha manifestado su sentimiento de pésame a la familia.
Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha expresado también su pésame, al tiempo que ha pedido "prudencia y respeto" hasta que se aclaren las causas del fallecimiento.
