El plazo para tomar decisiones en el Popular se estrecha a ritmos vertiginosos. El Banco Central Europeo (BCE) espera las cuentas de junio para exigir una solución, de precuparle su evolución. Al asumir la presidencia, Emilio Saracho solicitó tiempo para buscar la mejor estrategia para una entidad que es hasta sistémica, pero el supervisor fijó la foto finish al cierre de resultados del semestre. Con dichos balances evaluará su capacidad para recomponer solvencia vía resultados y testará si hay avance en otras palancas -desagüe de activos improductivos y venta de filiales y participadas-.
Si la carga inmobiliaria crece y, por derivada, exige tal factura en provisiones que da otra dentellada al ajustadísimo ratio de capital, o aprecia algún otro desempeño con preocupación, urgirá una solución, que el mercado anticipa en forma de absorción. Las entidades mejor situadas para integrar el Popular son el Santander, BBVA y Bankia, conforme a varios bancos de inversión.
Las cuentas de marzo resultaron agridulces. Recogieron su primera reducción trimestral de activos tóxicos, en 569 millones de euros; una mejora del 0,2% en la cobertura y que el margen de explotación sumó 0,49 puntos al capital principal. Pero la cobertura es aún baja, del 45,2%, y la solvencia del 11,91% dista escasos 53 puntos del 11,375 exigible.
La casi inmediata fecha de entrega ha empujado a Saracho a poner la maquinaria a plena marcha para adelantar todos los trabajos y ha mandatado explorar opciones de fusión y macroampliación de capital, con casi todas las participadas bajo el cartel de "se vende".
Para efectuar el diagnóstico en tiempo se ve obligado, además, a retasar sus más de 40.000 inmuebles a contrarreloj, un ejercicio al que obliga la nueva regulación a todas las entidades financieras, pero que sus rivales podrán efectuar a lo largo de 2017. A efectos prácticos, queda un mes escaso de margen, detallan fuentes del mercado.
Al supervisor le inquieta no solo el balance y cuentas, sino que sufra salida de clientes y depósitos. En la presentación de resultados de marzo, el Popular limitó los reembolsos a 800 millones de euros y lo atribuyó a la normal disminución del volumen cuando ha cerrado en apenas un mes 302 sucursales, un 15,5%; y han salido casi 3.000 empleados de la plantilla.
Ese temor está instalado. La entidad tuvo que salir al paso el jueves para negar problemas de liquidez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y desmentir que haya encargado su venta "urgente" y de que "exista un riesgo de quiebra". El envío del comunicado a la CNMV lo efectuó después de que El Confidencial informase de que había contratado a JP Morgan y Lazard para apresurar una fusión ante riesgo de colapso.
La impaciencia de los mercados ante la ausencia de desinversiones para reforzar una solvencia debilitada además al detectar y reconocer errores contables por casi 700 millones de euros, azuzan la incertidumbre sobre la enseña.
En la nota a la CNMV el banco sostiene que la estrategia sigue invariada y no ha parado la desinversión de activos, aún cuando sigue sin cerrarse la colocación del TotalBank de Miami que se daba por hecha y parece paralizada la venta de su 49% en WiZink, filiales susceptibles le reportarle un talón superior a los 1.500 millones.
El Santander y BBVA, favoritos
Emilio Saracho explicó a los accionistas en la junta del pasado 10 de abril que sopesaba una potencial ampliación de capital o una operación corporativa, alternativas que el banco sostiene explorar. Pero el remedio que va ganando peso en el mercado es que pase por una combinación de ambas, algo de lo que la entidad eludió pronunciarse remitiéndose al comunicado oficial.
El Santander y BBVA se perfilan ahí como los mejor posicionados, junto con Bankia, ya que CaixaBank se encuentra volcada en el recién adquirido banco portugués BPI y Sabadell en el británico TSB.
Se podría pensar que con el descalabro bursátil sufrido por la entidad está barata -su capitalización en bolsa alcanza los 3.147 millones, tras haber ampliado capital en 2.500 millones hace justo un año-. La cifra es muy inferior a los 4.000 millones-5.000 millones que alcanzaba cuando en otoño pasado los accionistas cercanos al mexicano Antonio del Valle sondearon a BBVA y Sabadell.
Pero el interés de los grandes grupos por el Popular parecía haberse enfriado, aunque con el inicio de la prospección se ha reactivado el estudio. La principal dificultad con que tropieza cualquier integración es un déficit que la banca de inversión cifra entre 3.000 millones y 6.000 millones por el insuficiente saneamiento de la cartera de créditos e inmuebles.
El Gobierno ha descartado facilitarla con ayudas, obligando a realizar muy bien los números. Y es aquí donde se abre paso la idea de una solución combinada. Volver a pedir a los accionistas que apoyen una macroampliación que dejará a cero su inversión tiene todas las papeletas de estrellarse. Se necesita su respaldo para aprobarla en junta. Que un banco absorba sin saneamiento previo al Popular también es un reto. Y aunque ambas alternativas siguen abiertas de forma independiente, es factible que intente ganar el favor del accionista para limpiar el balance con una macroampliación con el proyecto de una fusión donde, con un canje accionarial o prima de compra, recuperaría parte de la inversión.
